viernes, 21 de enero del 2022

Traidores (I)

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Por Benjamín Cuéllar

“En mi país que tristeza, la pobreza y el rencor…” ¿Pensaría en el nuestro Alfredo Zitarrosa cuando escribió “Adagio en mi país”? Porque a ese estado de postración nos han llevado la podredumbre de un sistema excluyente e injusto, desde que El Salvador existe como tal, y la bajera politiquería partidista prevaleciente desde el fin del conflicto bélico hasta la fecha. Por eso nos caracterizó Roque como “los tristes más tristes del mundo”. Hay otros pueblos sumidos en el desconsuelo, el abandono y la falta de horizontes positivos. Claro. Pero el nuestro ha sido estafado tantas veces que por eso, aunque no pidió la guerra esta le llegó con todas sus calamidades. Antes, mucha gente nuestra se marchó a ampliar el canal de Panamá y reparar “la flota del Pacífico en las bases de California”; también a podrirse “en las cárceles de Guatemala, México, Honduras, Nicaragua por ladrones, por contrabandistas, por estafadores, por hambrientos”. 

Ese éxodo no es historia añeja sino presente pues siguen huyendo más y más personas porque, como dice el padre de Zitarrosa, “un solo traidor puede con mil valientes”. De la política doméstica, durante el siglo XX cabe recordar dos judas. Uno: Maximiliano Hernández Martínez, vicepresidente de la república que el 2 de diciembre de 1931 derrocó a Arturo Araujo apenas nueve meses después de haber tomado posesión de sus cargos, para luego impulsar su proyecto dictatorial que arrancó ‒a sangre y fuego‒ con la matanza de enero de 1932.   

El otro: José Napoleón Duarte. Encabezando la fórmula de la Unión Nacional Opositora (UNO) y contando con un gran respaldo popular ganó la elección realizada el 20 de febrero de 1972, pero fue despojado del triunfo mediante un escandaloso fraude patrocinado por la oligarquía y consumado por militares a su servicio. Casi nueve años después, el 13 diciembre de 1980, se incorporó a la llamada Junta Revolucionaria de Gobierno ‒la tercera después del golpe de Estado del 15 de octubre de 1979‒ para presidirla.

Puro formalismo, pues en realidad quienes seguían mandando en el país y controlándolo eran los mismos: oligarcas y militares. Pero Duarte “maquilló” al régimen represivo con cosmetología democristiana y viviendo de glorias pasadas; el poco de apoyo y ángel con que contaba entre la población lo perdió al aceptar ese cargo y, posteriormente, asumir la Presidencia de la República para convertirse el 1 de junio de 1984 ‒aunque fuese solo figura decorativa‒ en el comandante general de una Fuerza Armada que había asesinado, desaparecido y torturado población civil no combatiente, además de haber ejecutado terribles masacres. Duarte, entonces, traicionó a la numerosa cantidad de gente que años atrás vio en él a su “salvador”.

Un cuarto de siglo después de la toma de posesión de este, le tocó el turno a Mauricio Funes quien emergía entonces como… ¡el nuevo redentor del pueblo! Por ello, en la encuesta realizada por la Universidad Francisco Gavidia para evaluarlo durante sus primeros cien días de gestión, el 70 % de las opiniones consideraba su imagen como “buena” y “muy buena”. La misma casa de estudios recién presentó su última consulta; resulta que ahora Funes genera “enojo” y “desprecio” en más del 60 % de la gente. Pasan del 80 % las opiniones desfavorables, si se incluye la que expresa otro sentir: “tristeza”. Conclusión: las personas que creyeron en él, se consideran traicionadas.

Y, por de pronto, la última gran traición: la de Nayib Bukele en perjuicio de las víctimas de las atrocidades ocurridas antes y durante la guerra. En su afamado Plan Cuscatlán incluyó un breve apartado sobre derechos humanos; en este abordó lo relativo a la “impunidad y el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del conflicto armado”, mencionado que nuestra Constitución y diversos instrumentos internacionales ratificados por El Salvador “consagran el derecho a una garantía judicial específica” para “proteger” efectivamente a las personas”. Así, prometió “garantizar los derechos de acceso a la verdad, la justicia y reparación” con “políticas, planes y programas especializados de reparación, recuperación, restitución y atención integral a las personas víctimas y sus familiares, con participación de las mismas”.

Sin embargo, lo que acaba de hacer la bancada legislativa oficialista el pasado lunes 29 de noviembre en la Comisión de Justicia y Derechos contradice lo anterior. Realmente es un insulto a dichas personas, al igual que la negativa presidencial ante la orden judicial de abrir los archivos militares de la masacre en El Mozote. Por eso, en el marco del inminente cuarenta aniversario de su perpetración, mi siguiente columna comentará con amplitud sobre esta nueva traición.

El contenido de este artículo no refleja necesariamente la postura de ContraPunto. Es la opinión exclusiva de su autor.

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Benjamín Cuéllar
Salvadoreño, Fundador del Laboratorio de Investigación y Acción Social contra la Impunidad, así como de Víctimas Demandantes (VIDAS). Columnista de ContraPunto
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