Por Alonso Rosales
La libertad de prensa no existe para proteger a periodistas complacientes ni opiniones cómodas. Existe precisamente para garantizar que el poder pueda ser cuestionado, criticado e incluso ridiculizado sin que el Estado utilice su influencia para silenciar voces incómodas. Cuando un presidente pide públicamente el despido de un comunicador únicamente porque no le gusta lo que este dice, no solo ataca a una persona: envía un mensaje intimidatorio a toda la prensa y a la sociedad.
La reciente polémica entre el presidente Donald Trump y el presentador Jimmy Kimmel vuelve a poner sobre la mesa un debate fundamental en cualquier democracia moderna: ¿hasta dónde llega el derecho del gobernante a responder a las críticas y dónde comienza el abuso de poder? Un presidente puede defenderse, responder e incluso cuestionar comentarios que considere injustos. Eso forma parte del debate público. Lo preocupante aparece cuando utiliza el peso político de la presidencia para presionar a empresas, medios o periodistas con el objetivo de castigarlos.
Toda figura pública está expuesta a la crítica. Mucho más un presidente, cuya función implica tomar decisiones que afectan a millones de personas. Pretender que la prensa solo elogie al poder convierte a la democracia en propaganda. Los líderes verdaderamente democráticos entienden que el desacuerdo es parte natural de una sociedad libre. Intentar callar voces críticas refleja inseguridad política y una visión autoritaria del poder.
La historia demuestra que los gobiernos que comienzan atacando periodistas suelen terminar debilitando otras libertades. La censura rara vez llega de golpe; normalmente empieza con presiones, amenazas, campañas de desprestigio y señalamientos públicos. Cuando un mandatario convierte a periodistas, humoristas o medios en enemigos personales, polariza a la sociedad y deteriora la confianza institucional.
También resulta peligroso confundir una broma o comentario satírico con un llamado directo a la violencia sin pruebas claras. La sátira política ha existido desde hace siglos como una herramienta para cuestionar al poder. No todo comentario incómodo constituye odio o incitación. En democracia, incluso las expresiones exageradas o provocadoras están protegidas mientras no llamen explícitamente a cometer delitos.
Los antiguos romanos utilizaban la estrategia del “pan y circo” para distraer al pueblo de los verdaderos problemas sociales y políticos. Hoy, muchos gobiernos modernos recurren al espectáculo mediático, la confrontación constante y los escándalos públicos para mantener dividida a la opinión pública mientras temas más profundos quedan relegados. A veces parece que se ofrece más circo que soluciones reales.
Ningún presidente debe verse como un semidiós intocable. Los líderes también se equivocan, y cuando sus errores no pueden señalarse libremente, quien termina perjudicado es el país entero. Una democracia sólida no se mide por cuánto aplauden al gobernante, sino por cuánto tolera las críticas sin recurrir a la censura o la intimidación.
