Los cinturones con descarga eléctrica, los bastones con puntas de acero y las empulgueras electrificadas no pueden cumplir otro fin que el de infligir dolor a la gente. Pero, a pesar del hecho de que la tortura está prohibida por el derecho internacional, este tipo de objetos todavía son producidos y vendidos, y encuentran compradores en todo el mundo.
De la misma manera, en un momento en el que más países están aboliendo la pena capital, los productos utilizados para perpetrar las sentencias de muerte -como los sistemas de inyecciones letales, las sillas eléctricas y las cámaras de gas- siguen comercializándose en el mercado. Según Amnistía Internacional, casi 19.000 personas en todo el mundo están a la espera de una ejecución, aunque la pena capital ha demostrado que no tiene un efecto disuasivo y que hace que los errores judiciales sean irreversibles.
Si quienes formamos parte de la comunidad internacional hablamos en serio respecto de poner fin a la tortura y abolir la pena capital, debemos hacer algo más que promesas en el aire. Es hora de tomar medidas concretas para que la compra de medios de ejecución y tortura sea mucho más difícil.
El 18 de septiembre, cuando delegados de todo el mundo se reúnan para la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, un grupo importante de países se comprometerán a crear un nuevo marco global para poner fin a este comercio despreciable. Al unirse a una nueva Alianza para el Comercio Libre de Tortura, los gobiernos acordarán establecer prohibiciones nacionales a las exportaciones de productos utilizados para la tortura o ejecuciones, dándoles aún más poder a sus autoridades aduaneras para implementar las prohibiciones.
La Alianza está siendo liderada por Argentina, la Unión Europea y Mongolia, pero todos los países que están comprometidos con la abolición de la pena capital según el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos han sido invitados a participar.
El compromiso de Argentina para poner fin a la pena de muerte es inquebrantable. El país es un participante activo en instituciones multilaterales como la Comisión Internacional y el Congreso Mundial contra la Pena de Muerte, y ha estado movilizando respaldo dentro de las Naciones Unidas para una suspensión global de las ejecuciones.
La UE, por su parte, endureció la legislación el año pasado para prohibir todo comercio de bienes utilizados para la tortura o la pena capital. La ley, originariamente sancionada en 2005, hoy prohíbe que todo este tipo de bienes pasen por territorio y puertos de la UE, y que sean promocionados en ferias y en publicaciones de la industria. Y, para adelantarse a los acontecimientos, la UE ha establecido un mecanismo rápido para prohibir las nuevas herramientas de tortura o pena capital cuando éstas aparecen.
Mongolia, por su parte, prohibió la pena de muerte en 2015 y está dando un ejemplo positivo en una región donde la mayoría de los países sistemáticamente torturan y ejecutan a los prisioneros.
Los controles más severos ya han arrojado resultados. Por ejemplo, hoy resulta mucho más difícil, y más caro, obtener las drogas utilizadas en las inyecciones letales forzadas y dispositivos para suministrar electroshocks.
Aun así, existe un límite claro respecto de lo que los países pueden conseguir individualmente. Aquellos que producen y comercializan estos productos están cambiando sus prácticas y rutas para evadir las leyes domésticas. En definitiva, para que los esfuerzos de control sean verdaderamente efectivos, es necesario que más países se sumen a la iniciativa.
Cuando se lance la Alianza este mes, los países participantes firmarán una declaración política conjunta basada en cuatro compromisos. Primero, implementarán medidas para restringir la exportación de productos destinados a la tortura o las ejecuciones. Segundo, ayudarán a crear una plataforma para intercambiar información entre fronteras, de manera que las autoridades aduaneras puedan monitorear los flujos de comercio internacional e identificar nuevos productos que deberían estar prohibidos.
Tercero, los países firmantes compartirán sus mejores prácticas, de modo que los sistemas de control que han demostrado ser eficientes y efectivos en un país puedan adoptarse en otros. Y, cuarto, aquellos que ya hayan sancionado una legislación nacional ofrecerán asistencia técnica a otros países que todavía están trabajando en pos de ese objetivo.
Sin duda, erradicar la tortura y abolir la pena de muerte exigirá esfuerzos amplios y sostenidos más allá del sector del comercio. Pero al centrarse en el intercambio de productos utilizados para la tortura y las ejecuciones, estamos reuniendo a los países afines para efectuar un cambio real. Estamos confiados en que la Alianza será exitosa, y en que podría servir como una base para una mayor cooperación de las Naciones Unidas más adelante.
Las políticas comerciales no tienen que ver solamente con dólares y centavos. También son herramientas poderosas para salvaguardar los derechos humanos y respaldar el desarrollo sustentable en todo el mundo. Nunca deberíamos permitir que las herramientas de sufrimiento y muerte sean comercializadas como cualquier otra materia prima.
