El Juzgado Primero de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de San Salvador conmutó la condena contra Teodora Vásquez, quien cumplía una pena de 30 años de prisión por el delito de homicidio agravado tras sufrir un aborto espontáneo en su lugar de trabajo. La mujer queda libre después de haber pasado 10 años en prisión.
“Se tomó en cuenta los argumentos expuestos por la Honorable Corte en Pleno, en el cual concluye que en el caso de dicha interna (Teodora) existen razones de justicia, equidad y de índole jurídica que justifican favorecerla con la gracia de la conmutación”, reza la notificación emitida este miércoles y que permite a Vásquez regresar a su hogar este jueves 15 de febrero.
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Teodora solicitó una revisión de su condena que le fue concedida en diciembre de 2017. Sin embargo, el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador confirmó la condena de 30 años de prisión en su contra.
Un mes después, el 30 de enero de 2018, apeló a dicha resolución ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que finalmente resolvió dejarla en libertad.
Vásquez fue condenada en 2008 y cumpliría su pena hasta julio de 2037. Sin embargo, su condena causó indignación fuera de las fronteras salvadoreñas luego de que organizaciones internacionales conocieran su caso e iniciaran campañas a favor de su liberación.
Además, tras la ratificación de su condena en diciembre pasado, la portavoz de derechos humanos de la ONU, Liz Throssel, calificó de “espantosa” la decisión durante una asamblea del organismo internacional.
"Es absolutamente impresionante, sorprendente, espantoso que estas mujeres son, en esencia, condenadas por tener una pérdida, por tener a un hijo que nace muerto [“¦]. Básicamente están siendo condenadas por ser mujeres, por perder a un hijo y por ser pobres", sostuvo.
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De igual forma, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra’ad Al Hussein, quien visitó el país en noviembre pasado, dijo estar “horrorizado” por las condenas de mujeres acusadas de aborto.
“Estoy horrorizado que como resultado de la prohibición absoluta en El Salvador del aborto, las mujeres están siendo castigadas por abortos espontáneos y otras emergencias obstétricas, acusadas y condenadas de haberse inducido la terminación del embarazo”, lamentó.
Algo que la relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales de la ONU, Agnes Callamard, confirmó tras su visita entre enero y febrero del presente año.
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Callamard pidió al Estado salvadoreño declarar una "moratoria", es decir, aplazar la aplicación de la prohibición del aborto, que a su juicio genera muertes arbitrarias atribuibles al Estado.
"Pido una moratoria para la aplicación absoluta del aborto en el país", dijo Callamard en el marco del fin de su visita a El Salvador y que inició el pasado 25 de enero.
Por su parte, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto considera la decisión de conmutar la pena de Teodora como algo “importante porque le permite regresar a su familia”, aunque advierten que no es suficiente porque no se reconoce su inocencia.
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Además aseguran que esta es “la oportunidad para que el Sistema Judicial revise los casos de “˜Las 17 y más”™ (mujeres condenadas por aborto) que siguen encarceladas por una situación parecida a la de Teodora, concediendo indulto, conmutación de pena o beneficios penitenciarios que lleven a su liberación”.
Además, la Agrupación insiste en que la Asamblea Legislativa debe reformar las leyes sobre el aborto para que casos como el de Teodora no se sigan repitiendo en la justicia salvadoreña.
Según el relato de organizaciones sociales que respaldan a Teodora, esta "experimentó una emergencia obstétrica" en julio de 2007 y, tras llamar en varias ocasiones al sistema de emergencias público sin recibir respuesta, tuvo un parto "extrahospitalario en los baños" de la escuela en la que trabajaba.
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El Salvador, Nicaragua, Honduras, Haití, Surinam, Andorra y Malta son los únicos países del mundo que mantienen una prohibición absoluta del aborto.
Unas 30 mujeres fueron condenadas por la justicia salvadoreña a penas carcelarias de entre 30 y 12 años por delitos como homicidio agravado, según datos de las organizaciones.
