Colectivos feministas y sociales han manifestado su preocupación, debido a que según sus estadísticas en los últimos meses registran una tendencia al alza en los casos de desplazamientos forzados de mujeres en territorio salvadoreño.
Datos estadísticos sobre el desplazamiento forzado ocurrido el último año revelan que 1,123 mujeres fueron víctimas de este fenómeno. De estos casos, 870 fueron atendidos por Cristosal y 253 por el Servicio Social Pasionista (SSPAS).
En ambas organizaciones, son las mujeres adultas quienes sufren més de estos hechos de violencia,
representado un 56.7% en Cristosal y 62.8% en SPASS.
Las niñas y adolescentes son el segundo grupo etario més vulnerable, representando un 31.5% en Cristosal y un 37.2% en SPASS.
Asimismo, ambas organizaciones registran a mujeres trans víctimas de desplazamiento forzado
interno, siendo un grupo en especial vulnerabilidad. Por su parte, Cristosal atendiö en ese periodo de tiempo a 14, mientras que SPASS a 4.
En cuanto a las causas, la mayoría de los casos atendidos por Cristosal son por cambio climático (500) y en segundo lugar por violencia (341). En el Caso de SPASS, la mayoría (69) son por violencia social y en segundo lugar por violencia de género (22).
Estas cifras, evidencian la necesidad de crear e implementar políticas públicas que prevengan de
manera integral la violencia contra las mujeres diversas.
Por lo que en el marco de la conmemoración del Dia Internacional de La Mujer, las organizaciones urgen al Estado garantizar la protección a las mujeres que se encuentran en situación de desplazamiento, migrantes y retornadas con necesidades de protección. Abordando las causas estructurales de la violencia que les afecta en todas las etapas de sus vidas.
Asimismo, destacan la falta de aprobación de un reglamento para la implementación de la Ley
Especial para la Atenciön y Protecciön Integral de Personas en Condición de Desplazamiento Forzado
Interno a dos afios de su entrada en vigor. Asimismo, destacan la falta de respuestas integrales,
lugares de resguardo o albergues en condiciones dignas, presupuesto con enfoque de género que
permita la atención integral y búsqueda de soluciones duraderas para las victimas.
Por otro lado, las organizaciones rechazan y califican como preocupantes las declaraciones del
pasado 4 de marzo de la diputada oficialista Marcela Pineda, quien asegurö que la Ley Especial
Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV) “no sirve”. Es importante destacar
que este marco normativo ha Sido producto de la lucha de organizaciones feministas y de mujeres
que ha incorporado mecanismos de protecciön contra la violencia que enfrentan.
Para las organizaciones de derechos humanos, la derogación o modificación de esta ley de manera
inconsulta irá en detrimento de los derechos de las mujeres y supondrá un grave retroceso en materia de protección y legislaciön. Asimismo, implicará incumplimiento de una serie de convenios
internacionales y regionales que mandatan a El Salvador a respetar, cumplir y proteger los derechos
humanos de todas las mujeres.
