Cinco exfuncionarios del FMLN detenidos e igual número con orden de captura internacional, fue el resultado de un sorpresivo operativo policial registrado, este jueves, en la capital salvadoreña.
La noticia saltó a la luz pública, tras una publicación en redes sociales que realizó la líder histórica del FMLN, Nidia Díaz.
“𝗗𝗘𝗡𝗨𝗡𝗖𝗜𝗔𝗠𝗢𝗦. Hace unos minutos nuestra querida doctora, Violeta Menjívar ha sido detenida por la PNC, sin ninguna explicación; del mismo modo a la compañera Erlinda Handal. Exigimos se siga el debido proceso y el respeto a los derechos humanos y la LEIV”, publicó en su cuenta de Twitter.
Esta información se esparció como fuego en la pólvora, por lo que fueron saliendo más nombres de exfuncionarios de la administración de Mauricio Funes.
Esta forma de proceder generó desconcierto entre los salvadoreños, ya que pasaron un par de horas con el desconocimiento de lo que sucedía. Mientras tanto, los medios de comunicación lograron captar imágenes de algunos de los capturados en patrulla y más de algún otro nombre que se filtraba.
Fue hasta un cuarto para las ocho de la noche, que el sistema de seguridad le puso freno a la incertidumbre al presentar a los cinco aprehendidos de la jornada, quienes finalmente fueron identificados como: la exministra de Salud y exalcaldesa de San Salvador, Violeta Menjívar; la exviceministra de Ciencia y Tecnología, Erlinda Hándal; el exviceministro de Agricultura, Hugo Flores, el exministro de Hacienda, Carlos Cáceres y el exviceministro de Trabajo, Calixto Mejía.
Se intentó obtener postura de los detenidos, pero la mayoría prefirió guardar silencio en las instalaciones de la División Central de Investigaciones (DCI), solo Menjivar fue quien expresó su malestar ante este inédito procedimiento.
Luego de la breve presentación de los acusados, el fiscal general de la República, Rodolgo Delgado, detalló que estas detenciones son partes de las investigaciones del caso denominado “Saqueo Público” que iniciaron en 2019, por la apropiación de US$351 millones durante el Gobierno de Funes.
Mencionó que en el quinquenio de Funes, la Asamblea aprobó $80.8 millones para la partida de gastos reservados pero que al final del período el monto ascendió a $351 millones debido a las transferencias autorizadas por el Ministerio de Hacienda sin la autorización de la Asamblea Legislativa y en contra de dos sentencias emitidas por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Mientras las autoridades de Fiscalía y Seguridad daban la conferencia de prensa, se desarrollaba una protesta frente a la DCI. Miembros del partido denunciaron desde la tarde que estas capturas no siguieron los procedimientos legales y exigieron que se respete su derecho al debido proceso y derechos humanos.
Según las investigaciones realizadas en conjunto con la FGR, los ex funcionarios se valieron de sus cargos para sustraer cientos de miles de dólares de fondos públicos para beneficio personal
El Ministerio Público dijo que estas cantidades de dinero recibieron estos exfuncionarios como “bonos” o “bonos de retiro” a parte de su salario: Cáceres $210,000; Mejía $208,000; Menjívar $167,000; Hándal $162,000 y Flores $174,000
“Hemos ejecutado 6 allanamientos para lograr las capturas en los municipios de Ciudad Arce, San Juan Opico, Santa Tecla, Panchimalco y San Salvador. Cómo PNC, estamos cumpliendo con el deber constitucional de capturar a quienes hayan cometido delitos y entregarlos a la Justicia”, publicó en redes sociales la Policía.
El fiscal anunció también que iniciarán procesos para pedir la extinción de dominio de los bienes de los acusados.
Delgado advirtió que las detenciones continuarán y solicitarán difusión roja para capturar a cuatro de los cinco exfuncionarios restantes. Otro está pendiente de ubicar, dijo la Fiscalía en un comunicado.
Los buscados internacionalmente son : Salvador Sánchez Cerén por supuestamente malversar US$530,000; Lina Pohl por US$177,000; Gerson Martínez por US$290,000 y Guillermo López Suares por $565,000.
El director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, dijo que los exfuncionarios faltantes están fuera del país y se tiene registro de salida en los controles migratorios, pero se abstuvo de dar información sobre sus ubicaciones o destinos.
Delgado afirmó que “Esto no es persecución política, esto es persecución de ladrones”, ya que dijo que estas personas se lucraron de dinero que debió llegar a hospitales y escuelas y traicionaron al pueblo salvadoreño que los confió al elegirlos como funcionarios.
