El procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Apolonio Tobar, expresó su preocupación debido a los recientes casos de suicidios registrados en territorio salvadoreño.
Esta alerta se produce, producto a que la PDDH ha tenido conocimiento de dos suicidios acontecidos durante los primeros tres meses del presente año.
El primero, una adolescente de dieciséis años , ocurrido el día 23 febrero, en el municipio de Santiago de María, departamento Usulután; y el segundo, de un niño de nueve años , el cual sucedió en el municipio Delicias de Concepción, departamento de Morazán.
“Los hechos mencionados son de profunda preocupación, ya que evidencian la urgente necesidad de implementar políticas en materia de salud mental, que permitan la identificación oportuna de factores de riesgo y de síntomas en la niñez y adolescencia, que desencadenan en suicidios”, indicó el procurador mediante un comunicado.
En ese sentido, es importante tener en cuenta que, además de las experiencias propias de las etapas evolutivas de la niñez y adolescencia, existen escenarios complejos que impactan en la vida de las niñas, niños y adolescentes de nuestro país, tales como la violencia social, abusos sexuales, violencia intrafamiliar, condiciones de pobreza, entre otros; por lo que es imprescindible valorar y considerar los contextos socioeconómicos en que se desenvuelven, a efectos de adoptar medidas pertinentes que garanticen el cumplimiento de todos sus derechos y, en consecuencia, su pleno desarrollo.
Por lo tanto, pidió a la Directora Ejecutiva del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (CONNA), Linda Aracely Amaya de Morán, que informe a esta Procuraduría sobre las acciones adoptadas por esa entidad, para el abordaje del fenómeno del suicidio de niñas, niños y adolescentes. Asimismo, que promueva y lidere, según sus facultades legales, la implementación de políticas en materia de salud mental en la niñez y adolescencia, mediante las cuales se garantice que los servicios de atención en salud mental que presta el Ministerio de Salud, sean accesibles desde el nivel comunitario y abarquen a toda la población con enfoque diferenciado, tanto en la intervención como en la prevención de trastornos mentales y del suicidio.
Asimismo solicitó al fiscal general de la República, Raúl Ernesto Melara Morán, que informe sobre el estado actual de las investigaciones desarrolladas por esta institución en los casos descritos.
