El presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, durante el desarrollo del segundo foro de avances y participación ciudadana en el marco del estudio del anteproyecto de Ley Especial de Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional, reconoció que las normativas a pesar que no son perfectas, están haciendo el esfuerzo por contar con una legislación que cumpla con los parámetros exigidos por la sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pronunciada en 2016.
“Las leyes no son perfectas, no hay ley perfecta pero estamos en la obligación de hacer todo lo posible porque la normativa -a crear- cumpla con todos los aspectos ordenados por la Sala de lo Constitucional, ese es nuestro compromiso. No podemos decir que lo que estamos haciendo no está apegado con el mandato de la Sala, la Sala dijo: escuchen a las víctimas, y eso estamos haciendo”, comentó.
Sobre esa premisa base, el evento permitió que las víctimas del conflicto armado, sus familiares y organizaciones afines pudieran presentar por escrito o de forma verbal sus propuestas u observaciones sobre las penas y mecanismos de reparación de daños, entre otras temáticas.
La jornada aglutinó a la Oficina Tutela Legal María Julia Hernández, así como de la Fundación para el Debido Proceso, Comité de Madres y Familiares de Presos y Desaparecidos Políticos de El Salvador Monseñor Romero (COMADRES), Comité de Ex-Presos y Presas Políticos de El Salvador (Coppes), CRISTOSAL, Asociación de Mujeres por la Dignidad y la Vida (Las Dignas), y Asociación de Ex Internos Penitenciarios de El Salvador (AEIPES).
Además, como observadores participó Jonathan Lloyd, agregado de derechos humanos de la Embajada de los Estados Unidos, así como un delegado de la Universidad Centroamérica José Simeón Cañas (UCA), quienes siguen de cerca el proceso que realiza la Comisión Política en torno a la reconciliación nacional.
Entre los aportes recibidos por los diputados destaca la necesidad de establecer en la ley, programas con atención psicoterapeuta para las víctimas del conflicto armado, como reivindicación y reparación para ellos, no extinguir la acción penal, ampliar los plazos que abarcaría la ley, abrir los archivos de la Comisión de la Verdad y hacerlos públicos, considerar la prisión como uno de los fines de la justicia.
Tras exponer sus consideraciones, uno de los delegados de la Fundación para el Debido Proceso, calificó de positiva la apertura de estos espacios que facilitan el diálogo y abordaje de propuestas claras y necesarias de incluir en la ley de reconciliación nacional que se busca crear. Por otra parte, se demandó la instalación de una mesa de trabajo con representantes del Legislativo, equipo técnico, víctimas del conflicto armado, organizaciones, y que la misma tenga el acompañamiento técnico de organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).
Sobre esta última propuesta se pronunció el diputado Juan José Martel de Cambio Democrático (CD). “Hay más posibilidades de que las víctimas puedan expresarse y hacer propuestas, esto es un avance entiendo que esto sigue pero no basta; es necesario también crear una mesa de trabajo o una comisión en la cual ellos ya participen de manera directa y activa en la formulación del anteproyecto que debe de conocer finalmente la Comisión Política eso le dará a esta ley su plena legitimidad”.
Los foros continúan este viernes a las 9:00 a.m. y se extenderán hasta el lunes y martes de la próxima semana. Ha sido invitado para hoy, Pedro Martínez, del Laboratorio de Investigación Social contra la Impunidad GMIES y Víctimas Demandantes (VIDAS).