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viernes, 17 de septiembre del 2021

Subcomisión cierra consultas a víctimas de Masacres de El Mozote

La instancia que debe de elaborar una Ley para la Reconciliación Nacional, comenzará a trabajar sobre un proyecto elaborado por el técnico de la comisión y la propuesta presentada por las organizaciones sociales.

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Decepción, apatía o simplemente no encuentran el camino. Lo cierto es que hoy, la subcomisión especial que formó la Comisión Política para elaborar un proyecto de Ley para la Reconciliación Nacional partiendo de la Justicia Restaurativa y Transicional, dio por cerradas las consultas a las víctimas del conflicto armado.

Este día, la instancia legislativa recibió un oficio del Ministerio de Relaciones Exteriores, sobre las observaciones que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 3 de septiembre pasado, en el marco de las medidas urgentes y supervisión del cumplimiento de la sentencia por la masacre de El Mozote y lugares aledaños.

Dicha matanza, fue cometida contra la población civil por el batallón Atlacatl (formado por la CIA en la Escuela de las Américas, en Panamá) de la Fuerza Armada, durante un operativo de contrainsurgencia, realizado los días 10, 11 y 12 de diciembre de 1981, en los cantones (aldeas) de El Mozote, La Joya y Los Toriles, en el norte del departamento de Morazán.

1,725 personas fueron asesinadas durante la acción ejecutada por el batallón élite de la Fuerza Armada, el 54.5% eran menores de edad; de entre cero y 12 años de edad, que sumaron 475, mientras que los muertos entre 13 y 17 años alcanzaron la cifra de 64.


Roberto Angulo, del Partido de Concertación Nacional (PCN) y coordinador de la subcomisión, se mostraba agotado y tal como lo dijo a ContraPunto en una entrevista a mediados de septiembre, no se sentía bien estar en esa subcomisión.

Reconoció que un buen porcentaje de víctimas logró expresar y dar sus opiniones sobre el tema. “Iniciamos ese trabajo, valioso para alguno de nosotros para darle oportunidad a la gente, pero en el fondo, lo que quiero decir es que el problema es el mismo de un lado y del otro”.

Revisando documentos, agregó, ya se mencionaba que se tenían que reparar los daños cometidos contra las víctimas y todos los gobiernos desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1992 en Chapultepec, México, han tratado de buscar una solución.

Recordó que tienen hasta el 13 de noviembre para aprobar la ley, con base a lo dispuesto por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que emitió en julio de 2016, una sentencia declarando inconstitucional la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz de 1993 y se consignó la necesidad de construir una propuesta de ley de reconciliación nacional tomando en cuenta a las víctimas, para ello se estableció que la Asamblea Legislativa debía hacerlo antes del 13 de julio de este año. La Asamblea pidió a la Sala ampliar el plazo.


Sin embargo, la iniciativa de ampliar el plazo para el debate entre el legislativo y las víctimas del conflicto armado había sido solicitado a la Sala de lo Constitucional por los abogados y querellantes de un grupo de víctimas de ambas partes del conflicto bélico, Pedro Martínez y Benjamín Cuéllar, del Laboratorio contra la Impunidad. Martínez y Cuéllar  también demandaron la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía de 1993, lo que al final se logró en 2016.

Con base a ese fallo, manifestó Angulo, que indica cómo debemos legislar, ya se debería de tener un proyecto de ley; por eso “yo propongo que las entrevistas y consultas las demos por terminado y comencemos a elaborar la normativa”.

De esta manera, el próximo lunes 14 de octubre, a las 16:00 horas, la Subcomisión política para el análisis del informe presentado por la Comisión Ad hoc para estudiar el proyecto de Ley de Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional iniciará con la construcción de un proyecto de ley tomando en cuenta los insumos obtenidos en los foros consultivos y teniendo a la base los dos proyectos de ley que se mantienen para estudio de la comisión, y sus similitudes.

Los proyectos en referencia, fueron trabajados por la subcomisión retomando el trabajo que realizó la Comisión Ad hoc que estudió la sentencia en referencia, y el otro se deriva del trabajo de las organizaciones sociales de derechos humanos y asociaciones de víctimas del conflicto armado, mismos que fueron sometidos a consulta en los foros regionales que impulsó la mesa legislativa a finales de agosto y que culminó en septiembre.

Ángulo hizo un recuento del trabajo de la mesa que dirige en cuanto a la escucha ciudadana, por eso propuso cerrar esa etapa y recordarle a los diputados que el 13 de noviembre concluye el plazo adicional otorgado por la Sala de lo Constitucional para legislar sobre una normativa que garantizara la reconciliación nacional partiendo de la justicia restaurativa y transicional.

“Vamos a tratar de hacer lo mejor que se pueda de acuerdo al fallo, pero que tenemos elementos todos y que conocemos el problema del país con lo que hemos escuchado y lo que hemos vivido es suficiente para tomar decisiones; lo que hace falta es un proyecto de ley o dos proyectos que sean evaluados pero que sean presentados ya, y que eso sea el marco para trabajar una semana en ese proyecto y decirle a la Comisión Política esto es lo que hemos podido hacer”, sostuvo el diputado Ángulo. 

Esa postura,  fue compartida por el diputado Julio Fabián, de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA). “Nuestro peor enemigo es el tiempo; el 13 de noviembre vence el plazo otorgado, prácticamente estamos a un mes y tenemos que cumplir, no creo que la Sala nos de otra prórroga más. Insumos tenemos suficientes lo que debemos tratar es de coadyuvar todos los esfuerzos que se han hecho para presentar un proyecto”.

Por su parte, el diputado Juan José Martel de Convergencia Democrática (CD), al reconocer que existen plazos que cumplir, sostuvo que no acompañaría la propuesta, sin embargo aseguró: “respeto la decisión que ustedes toman pero no la acompaño, por considerar insuficiente el proceso de participación, considero que prácticamente fue algo muy básico, elemental y muy formal […] por lo tanto, esto afecta las fases subsiguientes, podría estar de acuerdo en que se comience a elaborar un proyecto nuevo, pero también en la medida en que se haga con la participación de la gente, de lo contrario por razones personales y éticas no acompañaría esta decisión”.

De esta manera, la otra semana la instancia especial comienza a trabajar en un proyecto de ley que deberá presentar a la Comisión Política y dar por cerrado este capítulo para los diputados, no así para las víctimas.

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Carlos Ramos
Periodista salvadoreño
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