Los hechos por los que es señalado el empresario se dieron a conocer el pasado 4 de julio cuando una denuncia ciudadana indicaba que la quebrada El Piro tenía una coloración roja, según indicaron las autoridades, quienes a través de la inspección de las empresas de la zona, determinaron que la textilera St. Jack’s habría aprovechado el incremento de los caudales de los receptores de agua, generado por las lluvias, para descargar los residuos químicos.
Según dijo el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, en la “Entrevista A. M.”, en el allanamiento realizado, el pasado 5 de julio, a las instalaciones de la referida industria textilera se encontró una pila de oxidación con los mismos residuos que fueron encontrados en la quebrada El Piro.
También, el funcionario señaló que los residuos químicos de la producción textil eran trasladados hacia los receptores de agua en colaboración con una asociación de empresarios y residentes del Plan de la Laguna.
Además, el Fiscal General de la República aseguró que la empresa “se comprometió desde el año 2001 a instalar una planta de tratamiento e incluso mencionaron que esta planta de tratamiento en aquel entonces iba a costar menos de un millón de dólares, posteriormente les fue bien a ellos en el negocio y siguieron produciendo; produjeron más pero al mismo tiempo contaminaban más, porque nunca construyeron la planta de tratamiento de aguas residuales, a la cual ellos se comprometieron, ante el Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales.
En el año 2017 les hacen una auditoría, esta auditoría se le entregaron en sus manos al representante legal de la empresa. El problema continúa y han sido al menos, lo que se tiene registro, han sido por lo menos 21 años de que este tipo de aguas se están siendo vertidas desde esa esa fábrica”.
De acuerdo con la representación fiscal de la Unidad de Delitos de Medio Ambiente, Simán Jacir tenía conocimiento que los vertidos que realizaba la empresa estaba contaminando la quebrada El Piro así como las tuberías y alcantarillado de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantillados (ANDA).
Por otro lado, los detenidos Arturo Martínez Rodríguez, gerente de operaciones de la Asociación Plan de La Laguna, y Efraín Antonio Ruballo, jefe de mantenimiento de una fábrica textil, fueron puestos en libertad, ambos acusados por el delito de contaminación ambiental en perjuicio de la naturaleza y el medio ambiente en el caso de la quebrada El Piro.
