La diputada de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Silvia Ostorga de Escobar, solicitó al ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde clausurar el Penal de Sonsonate debido a que el corte de señal de telecomunicaciones está afectando a ciudadanos que residen cerca del recinto.
“La prohibición de señal telefónica, uso de módem, acceso a internet y cualquier otra que implique el uso de sistema inalámbrico de comunicación ha causado graves consecuencias en la población que se encuentra en el área de interés del penal, como en los centros escolares”, dijo la diputada.
Las señales de comunicaciones en penales y sus áreas perimetrales se bloqueó debido a las medidas de emergencia contra la criminalidad en el país, las autoridades aseguran que si los reos tienen la posibilidad de comunicarse con pandilleros en libertad, pueden ordenar el cometimiento de delitos e incrementar las cifras de homicidios.
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Entre las comunidades que están siendo afectadas se encuentran: Colonia Providencia, La Auxiliadora, Comunidad Díaz Roa, Barrio Veracruz, Urbanización Sensunapam, Residencial El Progreso II, Mega Plaza Sonsonate y zona comercial, de acuerdo a declaraciones de Ostorga.
“Los reos pueden ser trasladados a otro centro penal para que sean eliminadas las restricciones a la población porque causa graves daños a la calidad de vida”, señala la parlamentaria.
La diputada afirma que Sonsonate ha sufrido, en los últimos años, el accionar delictivo de los grupos pandilleriles, especialmente en homicidios y extorsiones, “de acuerdo a las autoridades de Seguridad, algunos de estos están relacionados con los privados de libertad de ese recinto”.
El Penal de Sonsonate, de acuerdo a estadísticas de la Dirección General de Centros Penales (DGCP) alberga a 748 reos, su capacidad es para 200 personas, por lo que tiene una sobrepoblación del 374 por ciento.
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El 17 de junio de 2016, las autoridades de Seguridad ordenaron el cierre del penal de Cojutepeque, en el departamento de Cuscatlán como respuesta a una solicitud enviada por la alcaldía de esa localidad.
Ese penal recluía a 1.300 pandilleros, quienes fueron trasladados hacia el penal de Izalco, en Sonsonate y al de Quezaltepeque, en el departamento de La Libertad.
