El Salvador se convirtió en 2015 en el país más violento de la región centroamericana debido a una ola de criminalidad que dejó como resultado un total de 6,657 personas asesinadas, en su mayoría pandilleros en edades de entre 17 y 31 años, según datos del instituto de Medicina Legal (IML).
A Inicios de 2016, el panorama no fue diferente en el país, la sangre seguía derramándose. En la primera semana de este año murieron de forma dolosa más de cien personas y se habían ejecutado cinco masacres; dos quíntuples; tres triples; una cuádruple y otra donde fueron ocho las víctimas mortales.
En 2015 aumentaron los rumores sobre la existencia de grupos de exterminio, cuando pandilleros de la mara Salvatrucha y del barrio 18 fueron encontrados sin vida en diferentes hechos y en algunas escenas de homicidio la Policía Nacional Civil (PNC) afirmó encontrar mensajes en los que estructuras de exterminio se atribuían los crímenes.
Pese a los rumores, la PNC negaba la existencia de esos grupos; sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó, este año, la presencia de dos organizaciones dedicadas a matar pandilleros que estaban conformadas por policías, comerciantes, empresarios y civiles.
“Bajo amenaza”
Ante tal situación, el abogado del Instituto de Derechos Humanos (IDHUCA) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), Benjamín Cuéllar, en su libro, “Bajo Amenaza” explica que los grupos de exterminio deben entenderse como grupos armados, que violando la Constitución, se dedican al desarrollo de actividades criminales.
“Asesinan y desaparecen a personas consideradas enemigas, traidoras, lastres parias y/o, simplemente, población sobrante, con la probable complicidad o participación directa de agentes estatales y su operatividad resulta favorecida por la impunidad que reina en el país”, reza el escrito de Cuéllar.
El 6 de mayo de este año, la FGR informó sobre la captura de 20 integrantes de un grupo de ejecución extrajudicial, entre ellos figuran cinco agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
El 8 de julio el fiscal general, Douglas Meléndez informó sobre la desarticulación de una estructura de sicariato que operaba en el departamento de San Miguel, en la cual, cinco jefes policiales se encuentran vinculados como colaboradores de los asesinatos que cometían.
Asimismo el 12 de julio, la PNC encontró el cadáver de un hombre que fue abandonado en el departamento de La Libertad. La víctima, presunto pandillero, se encontraba envuelto en sábanas junto a un rótulo que decía, “la sombra negra regresó. Pandilleros prepárense. Ya estamos cansados, terroristas”.
“Estos grupos se han incrementado”
La experta en temas de seguridad y directora del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la UCA, Jeannette Aguilar aseguró que en los últimos se ha incrementado la existencia de las organizaciones de exterminio, los cuales generan una importante estadística de asesinados.
“Yo me atrevería a decir que un porcentaje importante de los muertos, generalmente presuntos pandilleros, no están siendo investigados y están muriendo con patrones de ejecución extrajudicial parece ser mayor que en después de la finalización del conflicto armado”, dijo Aguilar.
La experta aseveró que los índices de tolerancia e impunidad en el país han permitido la proliferación de las bandas de exterminio.
“El clima de tolerancia e impunidad han favorecido la emergencia de estos grupos sobre todo en un contexto de un clima de opinión publica en que la gente quiere solucionar los problemas a través de mayor violencia, en este caso, eliminando pandilleros”, explicó la directora.
Recientemente el procurador de Derechos Humanos, David Morales, expresó que la existencia de esas agrupaciones no es nueva, ya que se ha demostrado que el modus operandi sigue vigente.
“El operar de estas estructuras son reveladas por su modus operandi, el vestir de policías y militares, el uso de armas cortas y largas, el desarrollo de operativos similares a la PNC, movilización en vehículos, utilización de gorros navarone y la forma de asesinar a sus víctimas con la típica ejecución extrajudicial”, acotó Morales.
El IML reportó en 2015 un total de 106 masacres, la mayoría de víctimas fueron pandilleros, las autoridades no retribuyeron estos crímenes a grupos de aniquilación, sino a pugnas entre pandillas. En 2014 se cometieron 45 y en 2013 se reportaron 24 masacres.
