“”Siempre que salíamos a trabajar, nos decíamos: nos vemos más tarde viejo, o vieja””, recuerda Ricardo Jovel, y la mañana del 31 de octubre de 1989 no fue la excepción. Ese sería el último saludo que habría dado a su esposa, la sindicalista Febe Elizabeth Velásquez, quien murió junto a otras ocho personas en el atentado con bomba en el local de la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores (FENASTRAS) y del cual este martes, abogados del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) pidieron a la Fiscalía General de la República (FGR) se agilicen las investigaciones.
Abogados del IDHUCA y miembros de la Asociación “Febe Elizabeth Velásquez” pidieron a la FGR avances en el caso, calificado por la Comisión de la Verdad como de “lesa humanidad”, en el que también resultaron 40 personas lesionadas, quienes hoy exigen la verdad y reparación por medio de la investigación que se habilitó tras la derogación de la Ley de Amnistía en julio de 2016.
“No se investigó en su momento y tampoco se han dado señales de investigación. En el escrito se pide cuáles son las referencias de las denuncias ya presentadas. Las víctimas quieren la verdad de los hechos”, dijo Sandra Rivera, abogada del IDHUCA.
La jurista sostiene que entre las víctimas que ya denunciaron hay dos estadounidenses y están muy pendientes del caso. Así también de la Universidad de Washington constantemente pide informes al Departamento de Estado de Estados Unidos por el atentado.
Solicitud de investigación ante FGR. Foto/Ricardo Marín
El informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas, detalla que en la madrugada del 31 de octubre de 1989, dos hombres uniformados habrían colocado una bomba en el local del Comité de Madres “Monseñor Romero” (COMADRES). Al mediodía de ese mismo día, se colocó una bomba en el local de FENASTRAS donde murieron nueve personas y resultaron más de 40 lesionados. Como resultado, el FMLN decidió suspender los procesos de negociación de paz con el gobierno. Los atentados devinieron en el inicio de la denominada “Ofensiva Final Hasta el Tope” el 11 de noviembre del mismo año.
Según las conclusiones de dicho informe, los atentados con explosivos contra FENASTRAS y COMADRES formaron parte de una práctica sistemática y reiterada de atentados contra la vida, la integridad física y la libertad de los miembros de esas organizaciones.
El informe señala también que el Gobierno de El Salvador no cumplió con su deber de garantizar los derechos humanos que los miembros de dichas entidades gozan como personas individuales y como miembros de dichas instituciones.
Ese día, Ricardo Jovel, quien también era miembro de FENASTRAS, se encontraba acompañando a un grupo sindical del oriente del país cuando conoció que entre los nueve fallecidos del atentado, estaba su esposa, Febe.
“”Ese 31 de octubre casualmente ese día yo atendía a otros compañeros en oriente cuando me dieron la noticia. Ese mismo día me vengo para FENASTRAS y me encuentro con el horrendo atentado que había””, recuerda su esposo.
Ricardo Jovel. Foto/Ricardo Marín
Ricardo es un hombre mayor, pero tras 27 años del atentado, asegura que le fue difícil superarlo, sobre todo porque a su cargo quedaban las responsabilidades de criar a sus dos hijos en ese momento de seis y nueve años.
“”La convivencia que yo tenía con ella, era una mujer entregada a sus hijos, salíamos como toda familia a pasear. Le gustaba mucho ir a los turicentros y dedicarles tiempo””, recuerda Ricardo
Las víctimas y sus familias junto al IDHUCA, han denunciado desde 2013 ante la FGR, pero a la fecha no han tenido respuesta alguna.
Ahora queda en manos de la FGR profundizar en este caso que a 27 años ha dejado secuelas en las vidas de sus sobrevivientes y sus familiares como Ricardo, quien teme que la justicia sea débil en casos de lesa humanidad como este.
“”El poder político y económico está detrás de todo esto. No quieren que se abran estos casos porque hay gente de peso que al señalar a un personaje importante, la ley tambalea y no es justa””, señala Ricardo, quien llama a que la muerte de su esposa y de los otros ocho sindicalistas, no quede impune.
