El empresario, Ernesto Regalado acusado del delito de remuneración por actos sexuales y eróticos con menores de edad fue enviado este martes al centro penal La Esperanza, conocido como “Mariona” luego de permanecer recluido en la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil (DAN), confirmó el ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde.
El empresario fue capturado el pasado 3 de enero luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) reabriera un caso sobre trata de niñas que salió a la luz en 2012, en el que se imputaban alrededor de 15 personas.
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Según investigaciones de Fiscalía, Regalado y tres personas más, entre ellos, el presentador de televisión, Maximiliano Gonzáles, conocido como el “Gordo Max”, era cliente de esa red y pagaba a niñas por servicios sexuales.
El pasado 7 de enero el Juzgado Primero de Paz del municipio de Santa Tecla resolvió Instrucción con detención provisional en Mariona para el Gordo Max, Salvador García y Luis Marroquín, Regalado fue trasladado de nuevo a la DAN.
Sin embargo, el juez envió un oficio a la Dirección General de Centros Penales (DGCP) para que fuera ésta quien calificara en qué cárcel pudiera ser albergado el empresario.
La modalidad de explotación sexual
Ante el caso, la jefa de la Unidad Especializada de Trata de Personas de la Fiscalía General de la República (FGR), Violeta Olivares dijo durante una entrevista matutina que de las 12 modalidades que existen en el país sobre trata de personas, la más común es la de explotación sexual.
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“Otras modalidades son la servidumbre, la mendicidad, el tráfico de órganos, trabajo forzado, entre otros. (“¦) La victima para estos delitos puede ser cualquier ser humano, sin importar edad, sexo y origen étnico”, dijo la especialista.
Olivares dijo que la investigación realizaba por la Fiscalía, en este caso, permitió identificar a las personas que “consumían” los servicios sexuales con niñas que esa estructura ofrecía.
Reportaje: "Ser cliente de trata es un delito"
“Un tratante puede ser condenado hasta con 20 años de prisión mediante la ley actual. Para el caso de los cuatro detenidos, la Fiscalía ha solicitado un plazo de seis meses para recolectar las pruebas que incriminan a los imputados”, explicó Olivares.
La jefa de la Unidad manifestó que El Salvador, por su ubicación geográfica, se facilita el tránsito para tratantes de personas, sin embargo ha sido uno de los países centroamericanos con mayor número de condenas por ese delito.
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