La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) realizó una audiencia especial en la que revisó el acatamiento de la sentencia emitida contra el Estado salvadoreño por la Masacre de El Mozote, ocurrida en 1981 en Morazán, y, ante el evidente incumplimiento de la mayoría de las medidas dictadas, le recordó que su cumplimiento es de carácter obligatorio.
La sentencia fue emitida en 2012 por la Corte IDH y la resolución señala que El Salvador es responsable por las ejecuciones perpetradas por la Fuerza Armada salvadoreña en las masacres cometidas del 11 al 13 de diciembre de 1981 en el caserío El Mozote, el cantón la Joya, los caseríos Ranchería, Los Toriles y Jocote Amarillo, así como en el cantón Cerro Pando y en una cueva del Cerro Ortiz, en violación del artículo 4 (Derecho a la Vida) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de dicho instrumento”.
La reacción de la Corte IDH se dio, el 3 de mayo, en el marco del 114º Período de sesiones en el que revisaron sentencias emitidas contra El Salvador, Guatemala y México.
Para la abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por su siglas en inglés), Valentina Ballesta, el Estado salvadoreño debe procurar el acceso a la justicia y la reparación de las víctimas de la masacre de El Mozote, ejecutada por miembros del ejército salvadoreño en diciembre de 1981 en Morazán, El Salvador.
La abogada de CEJIL participó en la audiencia especial de la Corte IDH y aseguró que “El Salvador tiene que honrar sus compromisos internacionales cumpliendo con la sentencia. Esto no se ha hecho aún no hay medidas para revertir la situación de impunidad y tiene que darle cuentas a la Corte y a la comunidad internacional”, expresó en una entrevista realizada por ContraPunto.
Ballesta señaló que CEJIL, entidad representante de las miles de víctimas de El Mozote ante la CORTE IDH, está interesado en que el país cumpla con la sentencia porque “Este caso en particular es una de las mayores masacres que se ha podido ser documentada, esto la hace emblemática, y al obtener reparaciones en este caso, abre otras puertas para la justicia”.
Si bien es cierto Ballesta reconoció que desde el Ejecutivo se han esfuerzos para activar las medidas de reparación y atención a las víctimas, señaló que estos no se han dirigido hacia el acceso de la justicia.
“Uno de los temas que nos preocupa en El Salvador y que nos ha preocupado históricamente es la situación de impunidad de las violaciones a los derechos humanos cometida durante el conflicto armado (“¦) particularmente porque no hay ninguna persona procesada o condenada por ningunos de los crímenes cometidos en esa época; esto es gravísimo porque no solo deja a las victimas sin acceso a la verdad y justicia, sino que además menoscaba la memoria histórica y no le da acceso a la sociedad a una verdad que lleve a la reconciliación”, señaló Ballesta.
CEJIL hizo un llamado a los tres órganos del Estado salvadoreño para que de cumplimiento a la sentencia de la Corte IDH y, además, para que revierta la Ley General de Amnistía, aprobada en 1993, debido a que “está siendo un obstáculo real para investigar y sancionar a los responsables de los crímenes de guerra”, señaló Ballesta.
