Una serie de archivos de la guerra civil de El Salvador fueron entregados por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) al Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington (UWCHR), en Estados Unidos. Los documentos desclasificados hacen referencia a los hechos ocurridos entre 1983 y 1985.
Según Angelina Godoy, del UWCHR, estos documentos dan un respaldo a las víctimas de la guerra, pues son un eslabón más en la búsqueda de verdad y justicia; además señala que los archivos contienen información en calidad y cantidad como para que en El Salvador se empiece un proceso que ponga fin a la impunidad que ha imperado desde que finalizó el conflicto en 1992.
En los documentos se mencionan entre otros altos mandos del Ejército salvadoreño, a Sigifredo Ochoa Pérez. También hacen mención de Roberto D”™Abuisson, fundador de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).
La UWCHR ha presentado, desde 2013, más de 200 solicitudes, amparándose en la FOIA, en las que solicita información sobre casos relacionados al conflicto armado que se desarrolló en El Salvador de 1980 a 1992. Entre esas peticiones destaca la de la masacre de Santa Cruz, en la que involucran a Ochoa Pérez. La CIA se negó alegando que no podían “ni confirmar, ni negar la existencia de archivos”, relacionados a ese caso.
Ante la negación UWCHR demandó en octubre de 2015 a la CIA ante el tribunal Federal de Distrito de Seattle, en Estados Unidos. Fue, según Godoy, ante este recurso legal que la Agencia de Inteligencia brindó los documentos el pasado 14 de marzo.
Según las organizaciones de derechos humanos salvadoreñas que apoyan a la UWCHR, del total de documentos desclasificados 73 han sido publicados con secciones censuradas; uno está publicado sin cesuras; y 16, contienen información detallada de operativos militares y la asistencia militar de Estados Unidos en la guerra salvadoreña. Asimismo hay tres archivos que describen las redes de la extrema derecha.
Miguel Montenegro, de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, leyó un comunicado en el que destacó que el contenido de los documentos valida los testimonios de las víctimas que durante años fueron incansables en la búsqueda de justicia, ahora resta que el Estado reconozca los acontecimientos que se narran”.
Los representantes de FESPAD, IDHUCA, Pro-Búsqueda, Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, Tutela Legal “María Julia Hernández” pidieron que ante la desclasificación de los archivos inicie una investigación para dar paso a la dignificación de las víctimas.
