Terrorismo: se define como toda acción orientada a provocar y promover el terror como método de control y sometimiento social.
Los ejecutores están más allá de cualquier escrúpulo moral, regidos por códigos aprensivos y extremistas que los anulan individualmente, reduciéndolos a una mera célula del todo corporativa que impone el terror.
Los escuadrones de la muerte que operaron en nuestro país, amparados y tolerados por las autoridades a finales de los años 70 e inicios de los 80 son ejemplo de ello, pues ejecutaron la limpieza social con ánimo de atajar las demandas de justicia que la población expresaba.
Su éxito estuvo siempre sujeto a la impunidad que los abrigo desde el estado y hasta la fecha.
Al final del conflicto, con las privatizaciones emprendidas desde el gobierno y la ausente inversión en lo social, se imponía la necesidad de emprender una reconstrucción integral, que incluyera una amplia inversión social que sin embargo se vio relegada y sometida a los intereses privatizadores, agudizándose con las extremas medidas de ajuste que empobrecieron aún más a la población, lo que lanzo a un promedio de 700 salvadoreños/as a la migración ilegal con destino en los EU, desintegrando y rompiendo lazos morales y legales de las familias, que derivó en una generación ausente de toda norma moral y en consecuencia, en conflicto con lo legal. En éste escenario el surgimiento de las pandillas se corresponde con la ausencia del estado, que abandona sus obligaciones constitucionales en favor de lo privado, dejándole completo espacio que aprovecha oportunistamente ofreciendo servicios de seguridad para atender a quienes puedan pagarlos. Esto es solo uno de tantos ejemplos de los extremos a los que se llegó en la aplicación en nuestro país del consenso de Washington, concentrando la riqueza en pocas manos y empobreciendo a las mayorías.
Ahora las cifras lo dicen todo: 7.2 muertes diarias consecuentes con la violencia social; 350 irregulares dados de baja en enfrentamientos con las fuerzas del orden, 57 miembros de la fuerza pública abatidos en cumplimiento; alrededor de 5000 desaparecidos, presuntamente por el accionar terrorista (fuente PGR/ML), 300 salvadoreños/as fugados diariamente a terceros países por la inseguridad personal y material, etcétera, agravado por la impunidad que la inoperancia del sistema legal brinda (solo el 2% de los casos presentados en tribunales llegan a término), la apología de la prensa (somos testigos diarios de la cobertura chocante y brutal que se hace de la violencia), y sobre todo, de las condiciones de desigualdad social sustentadas estructuralmente.
Las disputas territoriales son por el control del tráfico de droga, extorción, trata, etcétera, por lo que se nutre parasitariamente; es decir, la desidia de la privatización, pasa factura ahora, por las mismas causas que fuera también el conflicto de los 80: la exclusión, la desigualdad, la injusticia social.
La inclusión es solo el primer paso, le seguirá el proceso de desmontaje de las causales de la fenomenología de la violencia, y consecuentemente la construcción de un modelo inclusivo, participativo y sobre todo, viable, humano y sustentable.
