Todos recordamos la respuesta dada por las instituciones europeas a la crisis financiera de hace 10 años: austeridad, hombres de negro y exigencias de recortes sociales que provocaron la asfixia de los países del sur y una grave crisis del proyecto europeo. El acuerdo alcanzado esta madrugada en Europa no va todo lo lejos que a algunos nos gustaría, pero va en una dirección diametralmente opuesta a lo que vimos en la última década.
El acuerdo aprobado por el Consejo Europeo tiene un alcance histórico y sin precedentes en la UE: el conjunto de los países que componen la Unión se endeudará conjuntamente para financiar un estímulo fiscal de una dimensión muy importante. Europa reacciona de forma conjunta, coordinada y solidaria con un ambicioso plan de inversiones.
El acuerdo constituye un salto adelante en el modelo presupuestario de la UE: por primera vez en la historia de la UE se plantea un paquete de subvenciones financiado con deuda conjunta. Los “eurobonos”, que parecían inviables hace unos años, ahora son una realidad y servirán para afrontar esta crisis de forma distinta, sin recortes. La UE parece haber aprendido las lecciones tras la crisis anterior: en esta ocasión no tendremos austeridad, sino un ambicioso plan de estímulos fiscales; en esta ocasión no tendremos hombres de negro visitando los países, sino planes de inversión negociados. Europa ha entendido que la única forma de salir de la crisis es cooperar.
• Se prevé una movilización de fondos de 750.000 millones de euros en el horizonte 2020-2023, destinados a la recuperación de la región. Supondrá una movilización de recursos equivalentes al 17% de la Renta Nacional Bruta de la UE.
• Con respecto a la propuesta de la Comisión Europea presentada a finales de mayo, los fondos europeos que se repartirán en forma de subvenciones serán definitivamente 390.000 millones, en lugar de los 500.000 millones inicialmente propuestos. A pesar de la reducción, es una cantidad muy importante. Estas subvenciones se corresponden con Fondos de la Facilidad de Recuperación y Resiliencia y distintas partidas del MFP 2021-2027.
• Los 360.000 millones restantes se repartirán en forma de préstamos, que se empezarán a devolver a partir de 2027 y tendrán un plazo de amortización de 30 años. Además, el tipo de interés será muy bajo.
• España recibirá 140.000 millones, de los cuales 72.000 millones serán ayudas a fondo perdido. Este histórico monto de inversiones será crucial para alcanzar dos objetivos: 1) impulsar la recuperación de nuestra economía y 2) propiciar la transformación de nuestro modelo productivo, avanzando hacia la transición ecológica, la digitalización, la movilidad sostenible, y el desarrollo de la economía de cuidados.
• El acceso a estos fondos deberá solicitarse mediante Planes de Inversiones y Reformas que presente cada país, dando así flexibilidad a los países a llevar a cabo sus programas nacionales, siempre dentro del marco de las recomendaciones del Semestre Europeo (CSRs). En concreto, se valorarán positivamente programas relacionados con la digitalización y la transición ecológica. Estamos, por tanto, en un escenario distinto al que nos encontrábamos en la crisis anterior, por lo que podemos hablar de una “condicionalidad blanda”, en contraposición a la “condicionalidad estricta” que vimos en aquella crisis.
• En cuanto a la Gobernanza, los programas nacionales deberán ser aprobados por una mayoría cualificada de estados miembro, en lugar de por unanimidad. De esta manera, se esquiva la capacidad de veto que exigían algunos países.
• Sin embargo, se establece un freno de emergencia por el cual un estado miembro o varios podrán exigir el seguimiento de un programa de otro país en caso de desviaciones con respecto a lo negociado. Este seguimiento tendrá en todo caso un carácter político y no técnico, ya que será el Consejo Europeo quién decidirá sobre la continuidad del programa.
• El Fondo Social Europeo también sale reforzado. De los fondos presupuestados, al menos el 25% deberá destinarse a la inclusión social y la integración de personas migrantes; el 2% se destinará a combatir la pobreza material, y el 10% irá a la lucha contra el desempleo juvenil. El acuerdo evita además los recortes a la Política Agraria Común, que inicialmente se barajaron.
A pesar del carácter global satisfactorio del acuerdo, en las últimas horas hemos visto reducirse partidas importantes del Marco Financiero Plurianual (MFP) para compensar a los países que exigían un paquete de inversiones más moderado. Es el caso del gasto en Sanidad (fijado inicialmente en 5.000 millones), la partida “Horizonte” dedicada a la investigación (11.500 millones) y el Fondo de Transición Justa (que pasa de 30.000 a 10.000 millones), en un momento en que el gasto público en esas partidas se ha demostrado imprescindible. Se echa en falta también una condicionalidad más dura vinculada a reformas en clave de transición ecológica, movilidad sostenible, cuidados y derechos sociales.
No obstante, debemos destacar algo clave para España: el acuerdo alcanzado no solo no impedirá que el Gobierno de coalición continúe aplicando su programa, sino que significará un enorme estímulo para continuar con las transformaciones en clave de recuperación de derechos y reconstrucción de lo público que nos marcamos en el acuerdo de Gobierno.
Este acuerdo es un buen acuerdo para la UE y para España y es un balón de oxígeno para el proyecto europeo, pero queda un largo camino por recorrer para avanzar en una Unión Europea que garantice un marco institucional y de gobierno en el que se refuercen los procedimientos democráticos, así como una reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento para evitar una posible vuelta de la austeridad fiscal.
