La comisión especial nombrada por la Asamblea legislativa tenía que desentrampar la discusión sobre la reforma de pensiones y lograr un acuerdo antes que finalizara el mes de Septiembre; de las condiciones de ese acuerdo dependían dos aspectos de suma urgencia: la aprobación de un refuerzo presupuestario de emergencia, para que el gobierno pudiera pagar una deuda a las AFP que se vencía el 4 de Octubre, así como otras deudas pendientes que afectaban a grandes empresas y a los militares pensionado; así como el monto para pagar pensiones que el gobierno tendría que incluir en el presupuesto de 2018, el cual tenía que ser presentado el 30 de Septiembre.
Si no se contaba con ese dinero en forma inmediata y no se incluía en el presupuesto el pago para abonar a la deuda de pensiones, el país caería en impago nuevamente; entonces las empresas calificadoras de riesgo disminuirían la calificación de la deuda pública salvadoreña, bajando a su vez la calificación de las deudas de las instituciones y empresas que operan en el país, lo que aumentaría las tasas de interés.
La comisión legislativa se reunió durante dos días llegando a un acuerdo, el cual fue anunciado el 27 de Septiembre. Sin embargo, el FMLN no estaba de acuerdo en uno de los puntos del acuerdo. Después de varias consultas el FMLN aceptó que el gobierno devolviera el dinero (más los intereses correspondientes) que las AFP entregarían, de lo descontado de la cotización de sus afiliados, para poder pagar a los jubilados del INPEP. Para asegurar este pago se estipuló que el gobierno tiene que presupuestar y pagar 1.7 % de sus ingresos corrientes netos en los años 2018 y 2019, así como 2.5 % del presupuesto general de la nación a partir del año 2020.
La reforma fue aprobada la madrugada del 28 de Septiembre con tres abstenciones de diputadas de ARENA, salvando al país de una debacle financiera. Para asegurar que el Presidente de la República firmara la ley, no obstante que la mayoría de las reformas correspondían a la propuesta de los partidos de oposición, la Asamblea Legislativa también aprobó un nuevo endeudamiento del gobierno por aproximadamente 168 millones de dólares y transferencias dentro del presupuesto gubernamental del año 2017 por unos 260 millones de dólares.
El Presidente de la República firmó dicha ley el 29 de Octubre, evitando que el país cayera inmediatamente en el impago. El Ministro de Hacienda presentó el proyecto de presupuesto para 2018 en la fecha prevista, incluyendo el financiamiento para abonar a la deuda de pensiones, asegurando de esta forma que las calificadoras de riesgo vieran esto como un gesto positivo.
Todos los partidos quedaron satisfechos. Los partidos de la oposición lograron: fortalecer el sistema privado de pensiones; evitar que el gobierno pudiera continuar utilizando los ahorros de los cotizantes del Sistema Privado de Pensiones, para pagar la deuda previsional, a tasas de interés sumamente bajas; así como también que los cotizantes pudieran obtener préstamos a cuenta de su pensión. El gobierno y el partido gobernante lograron que los cotizantes del sistema privado de pensiones prestaran una parte de su cotización (aunque menor de lo que pretendía el gobierno) para pagar las pensiones del INPEP; poner un límite máximo a la pensión que podrán recibir los “optados”; lograr que la pensión fuera vitalicia; disminuir la cuota que se paga a las AFP por administrar las pensiones, así también que la Asamblea Legislativa le aprobara al gobierno un financiamiento de emergencia.
El 30 de Septiembre, el Arzobispo Escobar Alas declaró que esta reforma no beneficiará a los cotizantes, que se debía reconsiderar dicha reforma; aseguró que el problema debe ser arreglado primero con una reforma fiscal; que el Estado en vez de beneficiarse de los fondos de los trabajadores, debía ser garante de los mismos; que debería de ampliarse la cobertura poblacional de las pensiones; finalizo diciendo que “se reconsideren los puntos de la reforma que perjudican a los trabajadores”.
El 1 de Octubre, la empresa calificadora de riesgos S&P disminuyó la calificación de El Salvador a impago selectivo (SD) por haber reestructurado “de hecho” la deuda de pensiones, haciendo un canje de deuda desventajoso; es decir, el aumento de 30 años en el plazo de vencimiento de los Certificados de Inversión ya emitidos, así como cambiar el esquema de su amortización, evitando pagar el 4 de Octubre los 91 millones del servicio de la deuda a las AFP. Sin embargo, esta empresa elevó nuevamente la calificación al día siguiente.
El 4 de Octubre, el Secretario Técnico de la Presidencia declaró que el gobierno se ahorrará unos trescientos millones de dólares con la aprobación de las modificaciones a la Ley de Pensiones. Ese mismo día, Medardo González, máximo dirigente del partido FMLN, declaró que en la próxima legislatura van a proponer un modelo público de pensiones solidario, que resuelva problemas de fondo, tales como: mejorar las pensiones de los trabajadores; mayor cobertura poblacional; pensión universal; así como que las mujeres tengan mejor pensión.
Todo parece indicar que ha tenido un éxito parcial la estrategia gubernamental de utilizar los ahorros de los actuales cotizantes del sistema privado de pensiones, para pagar la deuda previsional que había asumido el gobierno con la privatización de las pensiones. Esto ha sido posible por el miedo de la gran empresa privada a que desapareciera el negocio privado de las pensiones; así como también a la actitud positiva de FUSADES, las AFP y los partidos de la oposición, de contribuir para que el gobierno pueda abonar ahora a sus obligaciones previsionales, con un nuevo tipo de endeudamiento con los cotizantes a las AFP.
