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Silencio hipócrita

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La UNICEF estima que un 23% de las niñas de América latina y el Caribe están casada o en unión antes de los 18 años de edad, el agravante es que es la única región donde las tasas de unión no disminuyen. Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), para el 2030 no podrá cumplirse el “Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas”, del “Objetivo de Desarrollo Sostenible” que está diseñado para cumplirse en dicha fecha sino se actúa de forma inmediata. El Salvador se comprometió junto a los demás Estados Miembros de la ONU a cumplir dicho objetivo de los 17 que se fijaron. Pero ya en marzo pasado se presentó la propuesta de reforma para eliminar el matrimonio infantil a la Comisión encargada de legislar todo de í­ndole familiar y niñez. Este mes, UNICEF reiteró su llamado al Estado salvadoreño a cumplir con ese objetivo.

Existiendo una contradicción entre el Código de Familia y el Código Penal, el primero da legalidad a niñas a contraer matrimonio cuando ella esté embarazada (art. 14), y el segundo establece que tener relaciones sexuales con menores edad, especí­ficamente con menores de quince años, constituye a una violación sexual (art. 159). Visiblemente está que El Salvador a través de sus instituciones, está dando una innegable legalidad del abuso sexual en menores de edad.

Un marco jurí­dico nefasto. Este entramado trae un camino complicado para una ví­ctima de abuso sexual, ya que lo anterior muestra que no existen protocolos apropiados para proteger a las ví­ctimas e incriminar al violador; y así­ como también el obstáculo de la legislación que establece la penalización del aborto en todas sus formas, pero legitima el embarazo en menores de edad y lo camufla en matrimonio. -Es de señalar también que los cómplices de esta penosa situación son los medios que demonizan mediáticamente y la misma sociedad, temas como el aborto en su causal de violación, por el hecho de levantar euforia mal intencionada, pero esta situación es el producto de un escenario delicado que a travesado una ví­ctima; debatirlo serí­a lo más necesario. Y lo más vergonzoso es que, tomar un tópico como el aborto es abominable por la sociedad, pero del matrimonio infantil ¿quién habla de eso? Nadie, por ser un elemento cultural incrustado en lo más profundo de la sociedad, un factor normalizado a los ojos de los mismos “crí­ticos”-.    

El matrimonio infantil es una barrera que impide el progreso de la niña y de ésta acceder a los derechos fundamentales. Teniendo en cuenta que, a temprana edad no está lista con un plan de vida, eso perjudicarí­a poner en riesgo su salud respecto a su desarrollo sexual. Y por supuesto, esto es un hecho que abonarí­a a los componentes de desigualdad que sufre el paí­s, ya que si la niña no denuncia es por el hecho de supervivencia.

El Salvador vive una realidad tal que, en el 2015 en promedio por dí­a 69 niñas o adolecentes quedaron embarazadas. En sí­ntesis, tres embarazos cada hora o bien un embarazo por cada 21 minutos. El abuso sexual es un punto apéndice de estos números.

Las cifras son más alarmantes cuando un estudio presentado por el Ministerio de Salud en noviembre de 2016, exhibe que la ocurrencia de maternidad y la unión de niñas y adolescentes es entre los 10 y 17 años.

También se determinó que 9 de 10 niñas se encuentran o han estado en unión, y predominando la unión como hecho. De igual manera se reveló que, 7 de 10 niñas y adolescentes se unen antes de ser madres, de las cuales el 49% se unió con su pareja antes de quedar embaraza, sin embargo, fueron catalogadas como uniones forzadas, esto manifestado por ellas mismas. Asimismo, 5 de 10 informaron ser ví­ctimas de algún tipo de violencia dentro de la unión.

Las niñas que están en la sombra del sector social más bajo, tienen tres veces más probabilidades de casarse antes de los 18 años, y una vez ya casadas, no tienen ni la mí­nima de posibilidades de seguir sus estudios. El proceso de aprendizaje es interrumpido en una media de 5.7 años. Las oportunidades laborales son escasas y si llegase a obtener algún tipo de remuneración por cierto trabajo, no le es suficiente para salir adelante sobre sí­ misma y su familia.

Téngase en claro que esta situación no es un creatio ex nihilo. Es la consecuencia de polí­ticas públicas ineficientes. Este fenómeno debe ser erradicado, más en un paí­s donde los Derechos Humanos están tan vulnerables que hasta las mismas instituciones del Estado los violan.

Un gran reto para el Estado salvadoreño, restablecer los derechos que le han sido vulnerados a las niñas y adolescentes y que le permitan, el reintegro al sistema educativo y reinsertarse en el mercado laboral para tener una mejor calidad de vida. Y el principal elemento, romper con ese factor socio-cultural de desigualdad de género.

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David Pérez Ascencio
David Pérez Ascencio
Columnista de ContraPunto

El contenido de este artículo no refleja necesariamente la postura de ContraPunto. Es la opinión exclusiva de su autor.

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