La preparación de un proyecto de ley para investigar y juzgar crímenes de la guerra civil regresa a la agenda de los diputados. Los dos partidos que todavía reúnen la mayor cantidad de votos, ARENA y el FMLN, han tenido que recibir presión -incluso internacional- para incluir a las víctimas en el proceso de discusión de la ley. Por su propia iniciativa, no lo hicieron.
De acuerdo al exmagistrado de la Sala de lo Constitucional, Sidney Blanco, estos partidos han mostrado que su interés principal es proteger a sus miembros de posibles sanciones, o de que se llegue a conocer la verdad sobre lo que hicieron durante el conflicto interno.
Blanco fue uno de los que participó en y firmó la histórica sentencia de julio 2016, en la que la Sala de lo Constitucional expulsó del ordenamiento jurídico salvadoreño la Ley de Amnistía General (1993) y ordenó crear una nueva bajo los criterios de verdad, justicia, reparación y no repetición.
“Ningún partido político tiene interés en retomar la bandera y transitar hacia la paz que incluya a las víctimas. Ningún partido político de ningún color”, expresó Blanco.
“Lo que hemos visto en la Asamblea Legislativa son intentos por reproducir los términos de una Amnistía que fue declarada inconstitucional (sentencia 2016)”, criticó, a pesar que la misma sentencia prohíbe repetir los mismos errores de la normativa de 1993. También la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con jurisdicción en El Salvador, puso un freno al avance de esta réplica de amnistía general y absoluta (mayo 2019).
“Los integrantes de las subcomisiones, los señores diputados, son los mismos que estuvieron involucrados, directa o indirectamente, en la guerra y les escuchamos a ellos las mismas tonalidades, los mismos argumentos: no tenemos que volver al pasado, no tenemos que abrir heridas”, apuntó Blanco.
Para el caso de la ley de reconciliación, los integrantes de la subcomisión son Roberto Ángulo (PCN), Julio Fabián (ARENA), Damián Alegría (FMLN), Guillermo Gallegos (GANA), Jorge Mazariego (PDC) y Juan José Martel (CD). Ellos también son parte de la Comisión Política, la que tendrá que dar el dictamen para pasar el anteproyecto al pleno.
“Argumentan que la sociedad está reconciliada”, continuó Blanco. Los argumentos que sustentan esa afirmación, indicó el exmagistrado, son la desmovilización y reinserción a la vida política por parte de la guerrilla y los cambios “trascendentales” que se han aplicado a la Fuerza Armada. “Es obvio: para ellos, no hay nadie más. Esto deja en evidencia el claro desinterés por las víctimas, que no han participado en estos procesos”.
Como se dijo anteriormente, no fue sino bajo presión de colectivos locales y de organismos multilaterales que los diputados cesaron de su intento por aprobar una nueva amnistía y, en lugar de eso, abrir espacio para escuchar a las víctimas.
Vacíos en el Estado que se deben resolver
Blanco dio estas palabras durante la celebración de un foro de Justicia Internacional aplicada a la defensa de los derechos humanos en El Salvador, organizado por Cristoal, la Fundación Legal por el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés) y otras dos organizaciones extranjeras.
En este evento participaron, además, la magistrada presidente de la Sala de lo Constitucional, Doris Luz Rivas y también Leonor Arteaga, oficial de programa de la DPLF.
Ambas abordaron temas diferentes: Rivas se enfocó en los pro y los contra de tener tribunales especializados para ventilar los casos del conflicto armado, mientras que Arteaga se refirió a la investigación de los delitos de violencia sexual durante la guerra y cómo Guatemala tiene más avances al respecto.
Pero hubo un punto en el que ambas coincidieron: la necesidad de capacitar a fiscales y jueces en estos temas y procesos.
La magistrada Rivas, por ejemplo, advirtió que respecto de conocer casos sobre delitos cometidos durante la guerra “estamos enfrentando dificultades, de orden técnico-jurídico, sobre el marco legal aplicable”, entre leyes derogadas y leyes vigentes.
En este sentido, Rivas señaló que a la hora de seleccionar a las personas “que van a estar en estos procesos y juzgamientos requieren perfiles de idoneidad, especialidad y con una garantía absoluta de independencia judicial”.
Arteaga hizo énfasis en la parte de los fiscales, quienes también necesitan que se les transmitan “capacidades especiales”. Luego se refirió a que la Comisión Internacional Contra la Corrupción en Guatemala (CICIG) ayudó a encontrar conexiones entre las redes de impunidad durante la guerra y redes de corrupción en la época posterior, un trabajo que fortaleció las capacidades de la fiscalía guatemalteca.
