Autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad presentaron este jueves ante la Asamblea Legislativa una pieza de correspondencia para solicitar la prórroga de 12 meses más de las medidas extraordinarias de seguridad, bajo el argumento de la sensible disminución del delito de homicidios, y el endurecimiento del control penitenciario que ha evitado que cabecillas recluidos ordenen ilícitos.
“De esa manera se accedería a la protección más importante de la criminalidad organizada del país que quieren recobrar los beneficios que les han permitido, aun estando en prisiones, comunicarse de forma fluida y controlar las actividades ilícitas en todo el país”, dijo el ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde.
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El funcionario expresó que para la intelectualidad de los grupos criminales, las medidas son un obstáculo para mantener un control de actividades ilícitas y sus dineros obtenidos. Además destacó que las medidas generaron una reducción significativa del delito de homicidio desde 2016 que se desplegaron
“En 2016 hubo reducción del 27% en homicidios, y se redujo la tasa de homicidios de 103 por cada 100 mil habitantes que había a finales de 2015, a 81 por cada 100 mil habitantes a finales de 2016. Mientras que a finales del 2017 bajo a 60 por cada 100 mil habitantes”, detalló Landaverde.
Aseguró además que 12 meses más es un plazo razonable. No obstante, recordó que se trata de un problema histórico y que llevan dos años enfrentando un problema que ha tenido décadas.
La petición de prórroga fue acompañada por la fracción legislativa del FMLN. Misael Mejía, uno de los diputados de ese partido y de la Comisión legislativa de seguridad, sostiene que esta prórroga debe hacerse lo antes posible y debe evitarse que los grupos criminales presionen o incidan en la derogación o aligeramiento de las medidas.
“Esperaríamos que este esfuerzo no vaya a estar sujeto a las presiones que los grupos criminales tengan para retroceder en el control del sistema penitenciario”, dijo Mejía.
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El parlamentario dice tener información de inteligencia acerca de que cabecillas de pandillas buscan hacer retroceder las medidas o suspender la prórroga, incidiendo en políticos que titubean ante el despliegue de las medidas.
Las medidas extraordinarias de seguridad implementadas desde el 1 de abril de 2016 se ejecutan en seis penales del país y en zonas controladas por pandillas. En penales se limitó a los reos las visitas íntimas y familiares, la libertad ambulatoria dentro del recinto y el traslado a Tribunales en caso de audiencias.
Asimismo, se bloqueó toda señal de telecomunicaciones en las cárceles y en un perímetro de 200 metros a la redonda. Además, batallones conformados por policías y soldados patrullan las denominadas zonas calientes con el fin de recuperar territorios y capturar pandilleros.
Dichas medidas tuvieron una primera prórroga a inicios de 2017 que finaliza el 30 de abril de este año
