Medios alternativos y comunitarios de Mesoamérica y El Caribe, aglutinados en ALER (Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica), condenaron enérgicamente el asesinato de periodistas en la región, especialmente en México, Honduras, Guatemala y El Salvador.
Reunidos recientemente en San Salvador, estos medios de la región demandaron “pronta justicia en todos los casos, el cese de la impunidad y programas de protección efectivos para evitar más asesinatos de periodistas y comunicadores.
Y esta semana la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) puso el grito en el cielo por la creciente inseguridad y amenazas contra comunicadores, denuncia que debe alarmar al país y obligar a las instituciones estatales a actuar antes que esta problemática sea más grave.
Sin ser Honduras o México, donde agresiones y atentados contra periodistas están a la orden del día, El Salvador ya entró a la lista de países inseguros para ejercer el periodismo. A las violaciones sistemáticas de derechos laborales (salarios indignos, jornadas extenuantes, despidos injustificados, etc.) en muchos medios, ahora se suman asesinatos y amenazas.
La semana pasada fue asesinada Roxana Cortez, ex presentadora del Canal 29 de Apopa. Según la versión policial, la comunicadora fue asesinada por pandilleros que le cobraban una extorsión que ella no pudo pagar. Hace una año fue asesinado Nicolás García, locutor de una radio comunitaria de Tacuba, también por miembros de pandillas.
Otro caso preocupante tiene que ver con amenazas a periodistas de la revista Factum y otros medios digitales, que han publicado sobre abusos policiales y militares en el combate contra la delincuencia, asesinatos extrajudiciales y existencia de grupos de exterminio al interior de la Policía Nacional Civil (PNC).
Además de investigar las amenazas contra los periodistas, lo esperable aquí es una indagación seria de la Inspectoría de la PNC, Fiscalía y demás instancias correspondientes que lleve a la condena de policías y soldados involucrados en delitos, al cese de los abusos y arbitrariedades, y a una revisión profunda de la estrategia represiva de seguridad pública.
Volviendo a la seguridad de los periodistas y comunicadores, APES ya trabaja en un mecanismo de protección y una propuesta de ley que garantice la labor informativa en condiciones seguras. Todo el gremio periodístico debe apoyar dicha iniciativa, alertar a la sociedad y exigir a las autoridades.
Que así sea.
