Una inusual sequía generó en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, lo que los expertos llaman “estrés hídrico”, deterioro profundo de los recursos de agua dulce en términos de cantidad y calidad. Era tal la crisis que estaba sufriendo la segunda ciudad de ese país africano que las autoridades avisaron a la población que el pasado 21 de abril sería “el día cero”, fecha en la que por primera vez una gran urbe del mundo se quedaría sin agua.
Para evitar la fatídica fecha, la municipalidad tomó medidas drásticas: se redujo el consumo de agua diario a 50 litros por habitante, la población debía tomar duchas de una duración no mayor de dos minutos y se prohibió lavar los carros, regar jardines y llenar piscinas. Afortunadamente, con todas esas medidas, acatadas totalmente por la población, se logró evitar el temido “día cero” por lo que resta del año. Igual que Ciudad del Cabo, otros países están teniendo ya este tipo de problemas: Sydney en Australia, California en los Estados Unidos y Nueva Dehli, en la India.
Nuestro país no se salva de este serio problema medioambiental. Según el Foro del Agua (instancia que aglutina a organizaciones que buscan incidir en la gestión responsable del agua), la situación del recurso hídrico en El Salvador es preocupante, ya que existe una sobreexplotación de los acuíferos, muchos ríos secos y lagos contaminados. Nuestros ríos sufren una grave reducción de sus caudales, producto del cambio climático, el agua está contaminada y hay un uso abusivo del agua por parte de empresas constructoras, embotelladoras y de agroindustria.
Asociado a la anterior, tenemos ya una crisis de abastecimiento de agua potable en el írea Metropolitana de San Salvador. En varias zonas del AMSS la falta de agua ya es algo cotidiano. Los noticieros nos presentan imágenes de comunidades que se toman calles en protesta por la falta de agua. De seguir así, nos enfrentamos a la real posibilidad de tener nuestro propio “día cero”, en el cual enfrentaremos una escasez aguda de agua a nivel nacional.
Con este contexto, las discusiones que se llevan a cabo en la Asamblea Legislativa referidas a la aprobación de una Ley del Agua cobran hoy mayor relevancia. El lío es que, desde la Asamblea 2015-2018, se tenía bien adelantada una propuesta de Ley General de Aguas. Al respecto, las organizaciones civiles, comunidades, universidades y la misma iglesia católica han pedido a los diputados que ratifiquen los 92 artículos consensuados en esa legislatura. Sin embargo, con la nueva correlación de fuerzas de esta nueva Asamblea Legislativa, dicho anteproyecto de ley se obvió y se presentó uno nuevo. Y éste tiene un fuerte sesgo privatizador. Quienes proponen dicho anteproyecto de ley, dicen que no están pensando en privatizar, que el agua es de todos y todas y que no han pensado nunca en privatizarla. Sin embargo, al leer dicho anteproyecto, descubrimos ciertos puntos que nos hacen pensar que si bien no se va a privatizar el agua, al final lo que se busca es privatizar su uso.
El rector de la UCA, Andreu Oliva, dijo en una entrevista que ese nuevo anteproyecto de ley privatiza la instancia que se encargará de gestionar y manejar el recurso hídrico y eso es atentatorio a la Constitución de la República, que en su primer artículo, inciso tercero dice: “Es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República, el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social”. Siendo el Estado el obligado de velar por la salud de todos los salvadoreños y salvadoreñas, es incongruente que un ente regulador del agua sea conformado por la empresa privada.
La idea de privatizar un bien público como el agua no es exclusiva de nuestro país. El mismo papa Francisco, en su encíclica “Laudato Sí”, nos dice: “Mientras se deteriora constantemente la calidad del agua disponible, en algunos lugares avanza la tendencia de privatizar este recurso escaso, convertido en mercancía, que se regula por las leyes del mercado”. De acuerdo con lo expuesto por el papa, en El Salvador también hay sectores sabedores que un bien natural como el agua, por ser un recurso de consumo humano básico, puede ser un gran negocio, pero su interés lo disfrazan con la necesidad de “optimizar” su manejo. Pero no nos llamemos a engaño: el interés es meramente económico.
Y si bien es cierto implicaría grandes ganancias para quienes pudieran administrarla y distribuirla, también supondría una grave afectación para la mayoría de la población, que tendría que seguir pagando los altos costos de un modelo de gestión privado y no garantizaría el derecho igualitario al agua para el consumo humano.
Por eso, como sociedad debemos estar atentos ante los hechos que se están suscitando en torno al agua. Demandar a los políticos que diseñen una ley de agua que priorice el consumo de toda la población; que dicha ley sea Constitucional, lo que permitirá que se ordene y articule los usos y aprovechamientos del recurso hídrico y no pueda ser modificado. Y, finalmente, declarar el agua como un bien nacional, que incluya los derechos, uso, manejo y aprovechamiento de este recurso por parte del Estado más no por manos privadas.
Una ley así permitirá desactivar la bomba de tiempo que está a punto de estallar. De no hacerlo, serán nuestras hijas e hijos los que morirán de sed.
