Sectores de la esfera política y social mostraron su descontento con el bloqueo que la Fuerza Armada de El Salvador hizo, este lunes, a la diligencia ordenada por el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera para iniciar una inspección de los archivos militares, para obtener información sobre los hechos registrados en diciembre de 1981 por la masacre de El Mozote y sitios aledaños.
El equipo de especialistas multidisciplinarios, entre ellos, estaba el juez de Gotera, Jorge Guzmán, llegaron a tempranas horas para poder arranque a la jornada.
Sin embargo, fueron recibidos con una barricada y al acercase al lugar, el juez fue notificado por el coronel Carlos Varela que no lo podía dejar pasar y no le iba a firmar nada.
Por lo tanto, esta postura autoritaria y que riñe con los principios constitucionales del país, ha generado el descontento generalizado de la población salvadoreña.
Uno de los primeros en reaccionar fue el titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Apolonio Tobar, quien calificó este hecho como un día oscuro.
Tobar expresó su malestar por la negativa del Gobierno para cumplir una orden judicial emitida por el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera y permitir el ingreso a las instalaciones del Estado Mayor de la Fuerza Armada, porque, a su juicio, se irrespeta el derecho a reparación de las víctimas del conflicto armado.
“Lamentable, triste, vergonzoso, un día oscuro. ¿Por qué? recién llegó el señor presidente a su cargo cuando dijo al juez de instrucción de Gotera que pediría los archivos, dijo ‘no vamos a dar de la A a la E, vamos a dar de la A la Z’. ¿Donde está esa oferta? Ha habido intentos por obstaculizar desde la semana anterior esta diligencia que ahora comenzaba y se materializó ¿Qué es eso? las familias de las víctimas merecen respeto, se deben abrir los archivos militares”, afirmó Tobar.
De acuerdo al procurador, El Salvador debe seguir el ejemplo de España que recientemente condenó a 133 años de prisión al excoronel Inocente Montano por el asesinato de cinco sacerdotes jesuitas y reiteró que debe haber garantías de no repetición, acceso a la verdad y reparación para los sobrevivientes de la masacre.
Por su parte, el diputado de ARENA, René Portillo Cuadra, tildó de hipócrita al presidente de la República, Nayib Bukele, por la postura omisiva que ha tomado en este caso.
“El presidente Bukele ha asumido en este tema, una posición hipócrita porque el fue él que dijo en un twit y también lo dijo en un mitin, malditos los que ocultan información y protegen a los criminales de guerra, y hoy resulta la actitud omisiva de él. No ha permitido que se entreguen los archivos al juez correspondiente de este caso, esto le puede afectar al Presidente porque es un delito de carácter penal”, sostuvo.
Mientras tanto, el parlamentario efemelenista, Shafick Hándal, sostuvo que se está ocultando la información de más casos de crímenes en el conflicto armado.
"Saldrán untados un montón de gente, que está viva todavía, no sólo es El Mozote, está El Calabozo, las Guindas de Mayo", enumeró.
Al ser cuestionado del porque las administraciones del FMLN, Hándal dijo: "Hoy hay una decisión de un juez de proceder a hacerlo (…) eso es distinto a lo que ocurrió anteriormente".
"No estoy diciendo que aquella ocasión lo correcto haya sido no dejar entrar a revisar", se excusó.
Respecto a la sociedad civil, la asociación VIDAS- Víctimas Demandantes mostró su indignación luego que se diera este trágico hecho para la historia nacional, en el día que se conmemora en el mundo el Día Internacional de la Paz.
“¿Por qué se niega a dejar que se revisen los archivos militares de antes y durante la guerra finalizada hace más de 28 años?, es la primera y la más elemental. ¿Por “seguridad nacional”, después de tanto tiempo transcurrido? ¿Por qué no promueve, además, que “con todas las de la ley” se busquen expedientes relacionados y “partes de guerra” ‒entre otros‒ dentro de los domicilios de los altos oficiales de la FAES que aún viven y que probablemente se los llevaron consigo como “trofeos”? ¿Estaría dispuesto a impulsar desde el Órgano Ejecutivo una campaña por la verdad, en la cual se convoque y participen militares de todos los rangos para intentar ‒en un marco de confidencialidad‒ reconstruir las historias de los hechos ocurridos al menos entre 1975 y 1991, años durante los cuales se perpetraron graves violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra y delitos contra la humanidad? ¿Desafiaría al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional a que, por haber sido uno de los bandos participantes en la confrontación armada, hagan lo debido para resarcirle el daño causado a sus víctimas?”, pregunta la organización VIDAS al mandatario salvadoreño.
Ante esto, el Instituto lberoamericano de Derecho Constitucional Sección El Salvador (IIDC) ante las Naciones Unidas, catalogó de “Graves violaciones” del gobierno de Bukele a la decisión de bloquear a un juez para investigar archivos militares.
Por lo tanto, el presidente IIDC, Rodolfo González, dijo que han notificado de esta situación a Diego García-Sayán, Relator Especial de las Naciones Unidas para la Independencia de Magistrados y Abogados de la ONU, con sede en Ginebra.
“Tal diligencia judicial es parte del proceso penal en contra de los autores materiales e intelectuales de dicha masacre, ocurrida durante la dolorosa guerra civil que vivió nuestro país. No obstante haber notificado en debida forma al Ministro de la Defensa y haberse presentado este día para realizar dicha inspección, un representante de Ministerio de la Defensa impidió el acceso del juez a las instalaciones donde se encuentran resguardados los archivos y le informó que no se le permitiría el acceso ni la realización de la inspección, en total desacato de la resolución judicial”, dice la carta.