Por incumplida tomó este viernes la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia la sentencia sobre la anulación de la Ley de Amnistía decretada el 13 de julio de 2016, debido a que según el Supremo, los Órganos Ejecutivo y Legislativo, así como la Fiscalía General de la República (FGR) no han acatado sus obligaciones referidas en la sentencia de anulación.
“Tiénese por no cumplida la sentencia del 13 de julio de 2016, pronunciada en este proceso, porque a dos años de haberse pronunciado, la Asamblea Legislativa no ha promulgado una nueva ley de reconciliación nacional y de asistencia a víctimas que tenga en cuenta sus derechos y todas aquellas medidas que se relacionen con la conservación y fomento de la memoria histórica”, señala la Sala
Igual reclamo hace a la Presidencia salvadoreña. Dice que el Ejecutivo aún no ha promovido, pese a que el presidente de la República tiene iniciativa de ley, ningún proyecto de ley que contenga de medidas de reconocimiento y reparación de las víctimas del conflicto armado como también del reconocimiento de la verdad histórica.
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“Tampoco ha diseñado y ejecutado un programa integral de reparación material y simbólica enfocado en todas las víctimas del conflicto armado, más allá de esfuerzos aislados derivados de compromisos internacionales del Estado salvadoreño; ni ha realizado gestiones para incorporar una partida para tal fin en los diversos ejercicios presupuestarios que han tenido lugar luego de que esta sala emitiera la sentencia en cuestión”, señala.
Afirma que los logros presentados por el Gobierno en esta materia, constituyen el cumplimiento de “obligaciones genéricas del Estado en materia de protección de los derechos humanos de sus ciudadanos”.
En cuanto a la FGR, la Sala le reconoce haber realizado el desarchivo y la reapertura en diferentes procesos que se relacionan con delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos durante el conflicto armado, no obstante, le sugiere que, en la medida de sus posibilidades, amplíe el número de fiscales asignados a la referida unidad y brinde los recursos materiales y de capacitación necesarios para que pueda tramitar judicialmente dichos casos e investigar otros de igual relevancia.
Por último, el Supremo salvadoreño, exige al Ministerio de Defensa, a su máximo líder, el presidente Salvador Sánchez Cerén, y al alto mando militar, desarrollen instructivos o se elaboren un instrumento normativo de naturaleza ejecutiva que permita proteger la documentación e información que se encuentre en poder del instituto castrense,
Asimismo, le exige elimine obstáculos de carácter burocrático que impidan su consulta y regule su acceso por parte de las víctimas del conflicto armado y de las asociaciones que las representan.
Esta es una de las sentencias con la que se despide la actual Sala de lo Constitucional, pues su período termina el próximo 15 de julio.
