Cinco personas que interpusieron demandas contra las candidaturas de Norman Quijano, Margarita Escobar, Rodolfo Parker y Carlos Reyes, tienen 24 horas para aclarar si existen denuncias en contra de estos políticos en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), según estableció la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
"Previénese al ciudadano (…), para que, en el plazo de veinticuatro horas, contadas a partir de la notificación de la presente resolución, aclare si el objeto de control fue previamente impugnado por algún ciudadano legitimado, en tiempo y forma, en la jurisdicción electoral a través de los mecanismos previstos en el Código Electoral", indicó en su resolución la Sala.
De acuerdo con la Sala se está aplicando lo regulado para el proceso de amparo y cita la resolución del 4 de octubre de 2019, de la inconstitucionalidad 136-2017.
Los casos en cuestión son dos demandas en contra de la candidata a diputada propietaria a la Asamblea Legislativa por el departamento de San Salvador por la coalición Arena-DS, Margarita Escobar, por omitir la documentación y verificación del requisito de "notoria honradez", ya que ella ha sido cuestionada por "cobros indebidos de sobresueldos" y la "omisión de pago de impuesto sobre la renta de los mismos".
Mientras tanto, los dos recursos interpuestos contra el candidato a diputado propietario a la Asamblea Legislativa por el departamento de San Salvador por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodolfo Parker, es porque se omitió documentar y verificar el requisito de "notoria honradez", ya que "ha sido señalado por la Audiencia Nacional de España en sentencia firme e incontrovertible por los hechos de encubrimiento" del caso jesuitas. Además asegura que Parker ha sido cuestionado por haber recibido “dos millones de dólares en sobresueldo” en el gobierno del expresidente Carlos Mauricio Funes Cartagena.
En el caso del candidato a diputado propietario al Parlamento Centroamericano (Parlacen), Norman Quijano, se produce a que "ha sido cuestionado amplia y reiteradamente por su vinculación con grupos terroristas (maras), específicamente en lo relativo al financiamiento de estos, lo cual ha llevado a ser requerido judicialmente por parte de la Fiscalía General de la República, por los delitos de asociaciones ilícitas y fraude electoral".
Finalmente, la demanda contra la inscripción del candidato a diputado propietario a la Asamblea Legislativa por el departamento de Cabañas, Carlos Reyes, argumenta que la inscripción se realizó con 3 votos y sostiene que Reyes ha sido cuestionado por haber "triplicado su fortuna", siendo titular de 113 propiedades, presentando una nota periodística titulada: "La fortuna del diputado Carlos Reyes pasó de $850,000 a $1.6 millones en tres años". El demandante afirma que le parece “increíble” que una persona cuestionada por enriquecimiento ilícito pueda ser electo diputado de la Asamblea Legislativa.
