Por Alonso Rosales
En una entrevista reciente con un medio internacional, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y figura central del chavismo, ha señalado que no habrá elecciones presidenciales en el futuro inmediato. Según sus declaraciones, la administración actual prioriza la “estabilidad” y la “reconciliación nacional” antes de convocar a nuevos comicios. Rodríguez ha argumentado además que la reinstitucionalización del país y acuerdos amplios con sectores de la oposición son pasos previos indispensables para cualquier proceso electoral.
Los comentarios de Rodríguez se producen en un contexto político profundamente inusual: tras la captura del presidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero de 2026, Venezuela ha entrado en un nuevo periodo de incertidumbre política. Su hermana, Delcy Rodríguez, ha asumido funciones de presidenta encargada en ejercicio de la «ausencia forzosa», lo que ha permitido, según sus defensores, ganar tiempo para estabilizar las instituciones del Estado.
Para Rodríguez, la “estabilidad” no es solo un término político: supone consolidar acuerdos con sectores que históricamente han sido adversarios del chavismo y garantizar que la economía —particularmente el sector petrolero— se abra a inversiones extranjeras bajo el paraguas de lo que él describe como una oportunidad de desarrollo.
¿Qué hay detrás de la “estabilidad” priorizada por el chavismo?
Desde la perspectiva de muchos analistas internacionales, la prioridad explícita en la estabilidad electoral y política encubre un interés más profundo: preservar y consolidar las redes de poder y recursos del chavismo en el país. Si bien los discursos oficiales se centran en “reconciliación” y en construir garantías para todos los sectores, críticos y opositores señalan que ello puede significar una prolongación del control del régimen sobre el aparato del Estado y sobre los recursos económicos del país. En particular, la apertura al capital extranjero —especialmente estadounidense— podría beneficiar a sectores ligados al chavismo antes de una transición electoral real, si es que alguna vez ocurre.
Este enfoque tiene ramificaciones directas en el plano humano: la grave crisis socioeconómica de Venezuela continúa sin resolverse. A pesar de las promesas de inversión petrolera y recuperación económica, la población sigue enfrentando altos niveles de pobreza, escasez de insumos médicos y hambre, condiciones que han alimentado una de las mayores migraciones humanas del hemisferio occidental en los últimos años. Según estimaciones de agencias internacionales, casi 8 millones de venezolanos han salido del país desde 2014, refugiándose principalmente en países de América Latina y el Caribe.
La diáspora venezolana y la llamada “transición”
Gran parte de esa diáspora se ha asentado en naciones vecinas: Colombia alberga cerca de 2,8 millones de venezolanos, mientras que Perú, Ecuador, Chile y otros países de la región también acogen cifras significativas de migrantes venezolanos. Este éxodo masivo se debe principalmente al colapso de servicios básicos y a la falta de oportunidades económicas, consecuencia tanto de políticas gubernamentales como de la prolongada crisis institucional y de derechos humanos en Venezuela.
A pesar de que muchos de estos migrantes han expresado el deseo de regresar a su país, la falta de una transición política clara y legítima aleja esa posibilidad. El “plan de estabilidad” invocado por Rodríguez no ha implicado hasta ahora una hoja de ruta concreta para restaurar procesos democráticos auténticos con participación plena de la sociedad civil y de la oposición política. Para gran parte de la diáspora, incluida la comunidad venezolana en Colombia, el regreso permanece como un objetivo distante y, en algunos casos, irrealizable mientras no se concrete una transición efectiva que vaya más allá de pactos entre líderes políticos y potencias extranjeras.
Las declaraciones de Jorge Rodríguez reflejan, a todas luces, una estrategia política centrada en la estabilización antes que en la celebración de elecciones presidenciales. Sin embargo, para muchos analistas este enfoque constituye una manera de postergar la rendición de cuentas democrática y consolidar estructuras de poder y acceso a recursos económicos que favorecen a los dirigentes del chavismo. Mientras eso ocurre, millones de venezolanos fuera del país enfrentan un futuro de incertidumbre, incapaces de regresar a una Venezuela que aún parece estar lejos de una transición política real y legítima.
