Alonso Rosales, analista internacional
Las recientes declaraciones de Donald Trump, en las que afirmó que en México gobiernan “otras estructuras” y que el poder real está en manos del narcotráfico, provocaron una inmediata reacción política y mediática. Frente a estas acusaciones, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió con el tono diplomático y sereno que ha caracterizado su estilo político.
La mandataria mexicana afirmó con claridad: “En México gobierna el pueblo y gobernamos las mujeres.” Con esta frase no solo defendió la legitimidad democrática de su gobierno, sino que también subrayó el carácter histórico de una administración encabezada por una mujer, elegida mediante voto popular.
Su respuesta, lejos de entrar en la confrontación directa, dejó ver una estrategia política basada en la calma institucional. Mientras Trump suele recurrir a un lenguaje confrontativo y a declaraciones explosivas, Sheinbaum optó por una postura firme pero prudente, desarmando retóricamente el ataque con un mensaje que apeló a la soberanía democrática de México.
El debate sobre el narcotráfico y la responsabilidad compartida
Las declaraciones del mandatario estadounidense también han reabierto un debate que analistas internacionales plantean con frecuencia: la responsabilidad compartida en el problema del narcotráfico entre México y Estados Unidos.
Si la droga se produce en el sur y viaja hacia el norte, argumentan diversos especialistas, es porque existe una enorme demanda en territorio estadounidense. La realidad del mercado ilícito muestra que el consumo no se limita a la venta al menudeo en las calles. Detrás del flujo de drogas existen complejas redes de distribución y financiamiento que operan también dentro de Estados Unidos.
Por ello, varios analistas cuestionan: ¿cuándo se intensificará en Estados Unidos el combate a los carteles que distribuyen y financian el narcotráfico dentro de su propio territorio?
El fenómeno del tráfico de drogas, sostienen, no puede entenderse únicamente como un problema del país productor o de tránsito; es también una consecuencia directa de la demanda y de las estructuras criminales que operan en el mercado consumidor.
Desde esta perspectiva, la cooperación bilateral —y no las acusaciones unilaterales— es vista como el único camino realista para enfrentar un problema que afecta a ambas naciones.
Nota internacional: la polémica sobre el Canal de Panamá
En paralelo a estas tensiones políticas, Donald Trump ha generado otra controversia al sugerir que Estados Unidos debería recuperar el control del Canal de Panamá, una infraestructura estratégica para el comercio mundial.
Sin embargo, el canal fue transferido a Panamá en 1999 como resultado de los tratados firmados durante la administración de Jimmy Carter. Estos acuerdos reconocieron plenamente la soberanía panameña sobre la vía interoceánica, poniendo fin a décadas de control estadounidense.
Desde el punto de vista del derecho internacional, cualquier intento de revertir ese proceso chocaría con los tratados vigentes y con el principio de soberanía nacional. Por ello, analistas consideran que las declaraciones sobre un eventual control del canal generan preocupación diplomática en América Latina, donde la historia de intervenciones externas sigue siendo un tema sensible.
Para muchos observadores regionales, el caso del Canal de Panamá simboliza precisamente lo contrario: el reconocimiento de la autodeterminación de los pueblos y el respeto a los acuerdos internacionales.
