Rodil Hernández: bloqueo de llamadas es solo para perí­metro de centros penales

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Centros Penales confirmó la suspensión del servicio eléctrico en sectores estratégicos de las cárceles

El director general de Centros Penales, Rodil Hernández, dijo este martes en una entrevista matutina que las operadoras de telefoní­a tienen toda la capacidad técnica de bloquear la señal telefónica únicamente en el perí­metro de los centros penales establecido por las autoridades, esto, ante la denuncia de habitantes que viven en zonas alejadas a las cárceles y que han quedado incomunicados.

“Ellos tienen la capacidad y la obligación de implementar la medida técnica necesaria de bloquear solo en ese perí­metro de los centros penales, y no afectar a la población. Sabemos que eso no es milimétrico, y habrá una afectación donde la ley les exime de responsabilidad porque hay personas que viven en los perí­metros de los centros penales, pero no afectar a los que viven a dos o tres kilómetros”, dijo Hernández.

De acuerdo al director de Centros Penales, la ley transitoria aprobada recientemente establece el bloqueo de señal telefónica a no más de 500 metros de instalación de antena. Rodil Hernández además aclaró que las medidas de bloqueo de señal son para los 22 centros penitenciarios, y no únicamente para los siete que están en emergencia.

“Lo que debemos pedir a las telefónicas es que bloqueen toda llamada desde y hacia el interior de centros penales. Serí­a desleal de su parte afectar a la población para que se queje contra el Gobierno y hacerlo retroceder. El Gobierno ya demostró que no vamos a ceder”, sostuvo.

Además señaló que a nivel centroamericano existe un acuerdo en centros penales para que las operadoras telefónicas hagan este mismo bloqueo de señal. Dijo que ya hubo un precedente en Honduras en donde las empresas telefónicas bloquearon la señal más allá del perí­metro del centro penal para que la gente manifestara su descontento por la medida.

Personal de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones  (SIGET) en conjunto con la Policí­a Nacional Civil (PNC) y empleados de Centros Penales, son los encargados de monitorear a diario y de manera constante que la señal permanezca bloqueada.

Hernández no descarta que telefónicas se hayan negado con anterioridad al bloqueo de la señal en centros penales, por el nivel de consumo y las ganancias que le genera la comunicación telefónica desde las cárceles.

“Por ejemplo ¿Cuál es el mercado en Ciudad Barrios como para mantener tres antenas a menos de dos kilómetros del penal? A través de las antenas se puede determinar qué número se conecta, su ubicación, y quiénes son los que hacen recargas desde dos mil dólares. Por las antenas se determina de dónde salen las llamadas, y las telefónicas saben quiénes son los números que nunca se mueven de Ciudad Barrios. Hay muchas opciones técnicas que se pueden tomar sin afectar al ciudadano”.

Aislamiento y requisas continúan

Rodil Hernández manifestó además que continúa el aislamiento de los privados de libertad en su celda  en los siete centros penales declarados en emergencia. Y aclaró que esta medida se mantiene con la base del firme respeto a los derechos humanos de los reos.

Se han prohibido visitas familiares e í­ntimas, y únicamente se permiten las visitas técnicas de quienes procesan investigaciones judiciales pero en estrictas y controladas medidas de seguridad. Informó además que se mantiene el plan “Casa Segura” alrededor de los centros penales.

Por otro lado confirmó que a la fecha van varias requisas en los centro penales de Izalco, Ciudad Barrios, San Francisco Gotera, Chalatenango y el dí­a de hoy se realizará en Cojutepeque. Dijo también que aún se encuentran celulares y baterí­as, por lo que se ha cortado el servicio de energí­a eléctrica en las celdas de centros penitenciarios.

Asimismo mencionó que el número de cabecillas recluidos en el penal de Cojutepeque pasó de 299 a 340. Estas medidas podrán extenderse a un periodo de un año si el Ministerio de Justicia y Seguridad así­ lo considera.

Hernández confirmó además que lo antes posible el Gobierno construirá centros penitenciarios de menor seguridad en donde se prevé tener a 10 mil privados de libertad de mediana y mí­nima peligrosidad con ventajas de semilibertad para que puedan salir a trabajar y regresar.

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Mario Beltrán
Mario Beltrán
Periodista sección PolÃítica en ContraPunto. Graduado de Comunicaciones en Universidad Cristiana de las Asambleas de Dios.
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