Diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron este jueves con 45 votos la redistribución de $74 millones de dólares recolectados como parte de la contribución especial a la telefonía. Estos serán destinados al fortalecimiento de varias instituciones del Estado.
La redistribución será así: $4 millones 125 mil para la mejora de espacios públicos; $600 mil para el programa Jóvenes Activos de INDES; $8 millones 875 mil para programas de empleo de INJUVE; $450 mil para SECULTURA, destinados al fortalecimiento de centros de alcance, casas comunales y de la cultura; $7 millones para la Fiscalía General de la República (FGR) y $500 mil para la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) entre otros.
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A la plenaria de hoy donde se aprobó la propuesta, llegó el vicepresidente salvadoreño, Oscar Ortiz, y el ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde.
El vicemandatario se mostró satisfecho por la aprobación de estos fondos que son invertidos en esfuerzos integrales para enfrentar y prevenir la violencia en el país.
“Agradecemos el acompañamiento de nuestra Asamblea que decidieron acompañar la distribución de estos fondos tan importantes en esta gran cruzada de lucha que tenemos como país contra el crimen”, dijo Ortiz.
Oscar Ortiz agregó que se trabaja de manera articulada con los gobiernos locales en la implementación de iniciativas integrales contempladas en el Plan El Salvador Seguro.
Los fondos aprobados permiten fortalecer el trabajo de instituciones como la Policía Nacional Civil, Fuerza Armada, Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, entre otras.
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“Con la incorporación de estos recursos estamos garantizando reforzar la operatividad policial, con $8 millones adicionales al bono que se le da a nuestra Policía”, destacó el diputado del FMLN, Misael Mejía.
El Gobierno implementa desde el 29 de noviembre de 2015 el cobro del 5% sobre los servicios de telecomunicaciones como telefonía, cable e internet, los cuales están destinados al fortalecimiento de las instituciones encargadas de la seguridad en el país y de ejecutar el Plan El Salvador Seguro.
