Zarko Pinkas-Ramírez |
Organizaciones de derechos humanos denuncian un aumento sostenido de la pena capital, acompañado de opacidad estatal y represión contra disidentes.
La dictadura teocrática de Irán ha intensificado la aplicación de la pena de muerte en un contexto marcado por tensiones geopolíticas con Estados Unidos e Israel, lo que ha generado alarma entre organizaciones internacionales de derechos humanos.
Según reportes recopilados por el diario The Guardian, el aumento de ejecuciones coincide con el actual conflicto en Oriente Medio, en un momento en que la atención global se concentra en variables como el precio del petróleo, dejando en segundo plano la situación interna iraní.
Datos de Iran Human Rights señalan que solo en 2026 al menos 145 personas han sido ejecutadas de forma comprobada, mientras que más de 400 ejecuciones adicionales permanecen sin verificación. La cifra refleja una aceleración significativa respecto a años anteriores y evidencia el carácter opaco del sistema judicial iraní.
El relator especial de la ONU para derechos humanos en Irán advirtió que apenas el 7 % de las ejecuciones son reconocidas oficialmente, lo que sugiere que la mayoría de los casos permanece fuera del registro público. Esta falta de transparencia se ha visto agravada tras las protestas masivas de enero, tras las cuales decenas de miles de personas fueron detenidas, muchas de ellas potencialmente enfrentando cargos capitales.
Amnistía Internacional ha denunciado que el uso de la pena de muerte se ha convertido en una herramienta deliberada para reprimir la disidencia. La organización sostiene que las autoridades han aprovechado el contexto internacional para ejecutar sentencias en medio de restricciones informativas, incluyendo cortes de internet y presiones a familiares para evitar la difusión de casos.
Testimonios recogidos por The Guardian describen prácticas que incluyen tortura física y psicológica, aislamiento prolongado y confesiones forzadas. El caso de Peyvand Naimi, detenido tras las protestas, ilustra este patrón: permaneció más de un mes en aislamiento, fue sometido a simulacros de ejecución y obligado a declarar sin acceso a defensa legal.
Otros casos recientes reflejan la severidad del sistema. Tres hombres fueron ejecutados públicamente tras ser acusados de participar en las protestas de enero bajo cargos de “moharebeh”, término que en el marco legal iraní se interpreta como “guerra contra Dios”. Asimismo, Kourosh Keyvani, ciudadano sueco-iraní, fue ejecutado tras ser declarado culpable de espionaje.
En otro episodio, televisado en la ciudad de Isfahán, un joven de 18 años interrogado por autoridades preguntó el significado del cargo en su contra, recibiendo como respuesta directa: “Ejecución”. Según testimonios, habría sido sometido a múltiples simulacros de ahorcamiento.
Las denuncias también se extienden a las condiciones carcelarias. En prisiones como Ghezel Hesar y Evin, se reportan hacinamiento, escasez de alimentos y medicinas, así como traslados forzados de reclusos a ubicaciones desconocidas sin notificación a sus familias. En algunos casos, las autoridades habrían recurrido incluso al uso de gases lacrimógenos contra internos.
Expertos consideran que el contexto bélico ha reducido el costo político de estas acciones. Mahmood Amiry-Moghaddam, director de Iran Human Rights, advirtió que la atención internacional desviada facilita la intensificación de la represión. Por su parte, investigadores de Amnistía Internacional sostienen que, desde las protestas de 2022 bajo el lema “Mujer, Vida, Libertad”, la pena capital ha sido utilizada como mecanismo sistemático de control social.
Las cifras recientes refuerzan esta preocupación. El relator de la ONU documentó al menos 1.639 ejecuciones en 2025, frente a 975 en 2024, aunque organizaciones civiles estiman que el número real podría superar las 2.000. Las diferencias responden, en gran medida, a la falta de transparencia estatal, ya que muchas sentencias no son anunciadas públicamente.
Mientras tanto, las autoridades judiciales iraníes han confirmado que los casos vinculados a las protestas recientes ya cuentan con sentencias firmes y que no habrá clemencia para los condenados, consolidando una política que, según denuncias internacionales, profundiza el clima de temor y control interno en medio de la incertidumbre regional.
