La Asamblea Legislativa reconsideró la aprobación de una “interpretación auténtica” que habían hecho para dejar claro que el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), es quien debe pagar los salarios de las personas que guardan cuarentena domiciliar y en albergues por restricción migratoria.
Los diputados le dieron con 45 votos aval al artículo 5 inciso tercero del mencionado decreto legislativo aprobado por la Asamblea el 14 de marzo para decretar estado de emergencia nacional por la pandemia generada por el COVID-19, a raíz de los cual miles de personas han tenido que recluirse en sus casas o permanecer en albergues temporales para evitar contagios y propagación del virus.
La aprobación se registró el jueves, pero reconsideraron la votación con 43 votos y votaron para que regresara a la Comisión de Trabajo con 47 votos.
Con ello, la polémica interpretación auténtica regresó en calidad de propuesta o “pieza de correspondencia” a la Comisión de Trabajo, la cual se reuniría la próxima semana.
La polémica es quién debe pagar los salarios de dos tipos de personal: el personal que está en los albergues porque viajó o fue retenido por incumplir la cuarentena; y el personal que está en las casas, sin laborar, por la cuarentena nacional decretada el 21 de marzo, gracias al decreto 12 del Ramo de Salud.
En el decreto de emergencia, aprobado por la Asamblea Legislativa el 14 de marzo –cuando no había cuarentena nacional– se aprobó que el ISSS acarrearía con el pago.
El tema ha generado una polémica que llevó al presidente de la República, Nayib Bukele, a expresar que vetaría el trabajo aprobado por el parlamento salvadoreño.
Según el mandatario, los diputados fueron influenciados por Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) que rechazó una propuesta del Ejecutivo para que las empresas siguieran pagando los salarios de los empleados en cuarentena.
"Desde temprano, la ANEP cabildeaba para que la Asamblea reformara la ley y quitarse la obligación de pagar a los trabajadores, cargándole esa obligación al Seguro Social. Una carga financiera de 320 millones de dólares mensuales. El robo más grande del siglo", escribió Bukele en su cuenta de Twitter.
Señaló que los diputados votaron por una interpretación a la ley para que esta no pasara por el Ejecutivo, sin considerar que el artículo 142 de la Constitución de la República establece que para "interpretar, reformar o derogar las leyes se observarán los mismos trámites que para su formación", por lo que aclaró deben enviar esa interpretación a presidencia y anticipó un veto.
"Así no pueden “interpretar” cualquier ley a su antojo para evitar el control Presidencial. Así que la Asamblea deberá enviar su “interpretación a Casa Presidencial para la consideración de este servidor. De no hacerlo, será letra muerta y no será publicada en el Diario Oficial. Por lo tanto, no tendrá ninguna validez. Y si lo hacen, pues… ¡VETO! ", advirtió.
Por lo tanto, el presidente auguró la posible quiebra del ISSS ante esta interpretación auténtica presentada por el diputado Carlos Reyes a la Asamblea.
Previamente, Bukele tuvo un “encontronazo” con los sectores de la empresa privada a quienes los acusó de embolsarse $300 millones mensuales del ISSS, los tildó de “asquerosos” y que “solo es importa el maldito dinero”.
A través de su cuenta de Twitter, las gremiales advirtieron que la Presidencia de la República introdujo en la Asamblea Legislativa una reforma al decreto 593 —que aprobaron los diputados al filo de la medianoche del 14 de marzo y que trata sobre la declaratoria de emergencia nacional— con la que pretende que las empresas sigan pagando salarios y prestaciones, no obstante la mayoría está cerrada y una parte opera parcialmente desde el lunes pasado.
La propuesta de Bukele, según las gremiales, amenaza con cierres inmediatos a las que incumplan las medidas que el Gobierno decrete en el contexto de la cuarentena para evitar contagios de coronavirus, “sin detenerse a evaluar circunstancias específicas ni hace distinciones de responsabilidad al interior de cada empresa”.
“Con estas medidas tan restrictivas y contraproducentes la economía no aguantará el periodo de cuarentena en el que nos encontramos y los empleos de todos los salvadoreños estarán en riesgo”, puede leerse en uno de los tuits que publicó Camarasal.
“Cerrar empresas, o amenazar con hacerlo, es el peor mensaje que el Estado puede enviar en estos momentos”, agrega.
La ANEP señaló que las medidas que se presume pretende Bukele implementar atentan “contra las empresas y el empleo” y que después de la crisis que está atravesando El Salvador —y una gran parte del mundo— vendrán las crisis “del hambre, la pobreza y el desempleo”.
“Esta no es una campaña de pánico sino el camino en que nos llevan. ¿Quién será el responsable?”, cuestionó la ANEP.
