El presidente de la Asambleas Legislativa y diputado de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Norman Quijano, presentó este día una iniciativa para que se reforme la Ley de Enriquecimiento Ilícito con el propósito de aumentar las sanciones económicas a los funcionarios que se retrasen o no presenten su declaración de probidad.
En esencia, la enmienda se trata de endurecer las penas. En la actualidad las sanciones económicas son de 100 a 5,000 colones. Quijano propone que se incrementen a $500, $1,000 y $5,000.
Las otras reformas que plantea son la de cesar en su cargo al funcionario; y los funcionarios de elección popular y de segundo grado además de la multa, queden inhabilitados para futuros proceso de elección por no declarar su patrimonio en el plazo establecido.
La propuesta de Acción Ciudadana
Esta idea se suma a una que ya ha planteado con antelación Acción Ciudadana. Su director ejecutivo Eduardo Escobar, es de la opinión que los funcionarios públicos deben entregar un informe de patrimonio de probidad antes y después de concluido el cargo.
“En la región tenemos un problema por las sanciones que se tienen por no presentar las declaraciones de probidad o presentarlas con alteraciones, las cuales son bastante bajas”, precisó Escobar.
Por ese motivo, considera que se deben de estudiar las sanciones por no presentar la declaración o alterarlas.
Recordó que en marzo pasado, presentaron la Agenda Mínima de Reforma Democrática que tiene como finalidad modernizar el Estado.
Una de estas es la creación de una unidad de fiscalización de los partidos políticos para constatar que no reciben financiamiento ilegal, así como la creación de una nueva Ley de Probidad.
