El presidente de la Asamblea Legislativa y diputado del partido ARENA, Norman Quijano, dijo este jueves que el obstáculo que su partido señala para aprobar la construcción de un nuevo hospital Rosales, es que en el préstamo de $170 millones para tal fin, se han presupuestado $43 millones de dólares para los puntos de salud comunitarios llamados ECOS familiares, que según Quijano, son solo operadores políticos del gobierno del FMLN en las comunidades.
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Quijano manifiesta que su partido está listo para aprobar el préstamo de $170 millones de dólares provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para mejoras en el sector salud, incluyendo la construcción de un nuevo hospital Rosales, y otro hospital en la zona norte de San Salvador.
“Estamos listos para el préstamo del hospital, pero de los diferentes componentes que tiene el préstamo, hay uno de $43.3 millones de dólares para los famosos ECOS que no han dado resultado, que más que equipos comunitarios de salud son equipos políticos donde trabajan médicos cubanos y que sirve como un organismo de propaganda en caseríos”, dijo Quijano.
Afirma que diputados de ARENA en 2015 votaron a favor de abrir la negociación para recibir dicho préstamo, y para negociar los componentes del mismo. Uno de ellos, el de los ECOS de Salud, dice Quijano, no lo han querido cambiar.
“Estamos decididos pero queremos renegociar algunos componentes de este préstamo. Nunca hemos estado en contra del hospital Rosales, es más, en mi plan de gobierno como candidato presidencial en 2014 propuse la construcción de un nuevo hospital Rosales en la zona norte de San Salvador”, subrayó Quijano.
Señala que la razón de ser de los ECOS de salud comunitaria es en teoría descongestionar las consultas de primer nivel de todos los hospitales nacionales del país, pero expresa que actualmente, los hospitales siguen luciendo abarrotados de pacientes.
La discusión por la aprobación de los $170 millones para salud, surgió luego que en los primeros días de trabajo de la nueva legislatura, se hablara de la construcción de un nuevo edificio legislativo valorado en $32 millones de dólares, lo que generó polémica y señalamientos por parte de la opinión pública.
