El pasado jueves 8 de junio, en el marco de investigaciones adelantadas desde la FGR, habiendo esta intervenido propiedades del expresidente Flores, el diputado Quijano amenazó con iniciar desde la asamblea una revisión orientada a la eliminación de la Ley de Extinción de Dominio, subrayando sin dudar, que será desde la sala de lo constitucional que se resolverá en contra de ésta.
Apoya su argumento en los derechos consignados por la constitución a la propiedad privada o a la presunción de inocencia.
Sin embargo, en el caso del señor Flores, olvida que este admitió públicamente haberse apropiado de los dineros por los que se sigue el proceso civil presente. En su momento afirmó que aquella era “costumbre de todas las administraciones” anteriores a la suya, lo que después fue ratificado por el presidente del partido al cual perteneció en vida. Esto podría confirmar el tema de los sobresueldos, y constituye en sí misma una admisión de culpabilidad pública, así como el obligatorio inicio de investigaciones de oficio que la ley indica a la FGR.
No es “una campaña de odio” difamatoria de parte del Ministerio Público en el caso que nos ocupa, sobre todo cuando este ha sido manifiesta y públicamente parcial cuando la investigación toca los intereses de los sectores pudientes, pero que inicia su investigación presionada por la pesada demanda del soberano porque se investigue y recupere esos y los demás dineros hurtados por las distintas administraciones públicas, pero además por el reclamo también publico de parte de la embajadora estadounidense, quién tampoco puede sostener discursivamente la inacción del aparato judicial.
Sin embargo, el reclamo del señor Quijano denota la demanda de evadir esta particular investigación, soslayando el plegamiento de la sala a medidas que como esta, garantizarán la impunidad de los indiciados. Recordemos para el caso que al final de la administración del señor Flores, la oficina de Probidad no pudo cotejar sus bienes o el de sus allegados durante su administración, pues se le negó operar desde la corte en pleno, lo que es también fue un indicio del ilícito ejecutado a un nivel tan masivo. Lo que ahora es de conocimiento público es sin duda solo el principio de un desfalco de los bienes públicos tan descarado, que avergí¼enza a sus antecesores.
Pero además, las declaraciones del señor Quijano son la admisión de que el aparato judicial público está al servicio incontestable y sumiso de los poderes financieros del país, lo que le permite afirmar: “”¦se resolverá desde la sala”¦”, es decir, se someterá, hará, resolverá porque se le indica que resuelva a favor de”¦, lo que es una flagrante denigración de ella, pues afirma que mandata o representa a quienes mandatan a la misma, anulando su dignidad.
Claro que esto no es nuevo, pero la descarnada afirmación sí.
Éste juicio civil debe continuar su curso, concluyendo con la recuperación de los bienes en cuestión, pero además imponiendo el obligado precedente que sentará el cambio en las administraciones públicas.
