Breve inspección a partir de las políticas económicas
El debate entre izquierdas y derechas se remonta a la Revolución Francesa a finales del siglo XVIII, con la proclama burguesa de “Libertad, Igualdad y Fraternidad” que logró disolver la monarquía absolutista de la época en el país europeo e instaurar una república, que sentaría las bases de las democracias contemporáneas.
Si bien la historia demuestra que los “programas” de izquierda y derecha evolucionan de manera sustancial de un momento histórico a otro, a partir de la Revolución Francesa, se asocia el término de izquierda a aquella posición en la cual el discurso y la acción proclaman un cambio a favor de la clase dominada, en contraposición a la de la derecha, que reclama el mantenimiento del Statu Quo.
Sin embargo, en políticas públicas, referirse a izquierda y derecha representa una dicotomía más práctica que ideológica, pues, aunque la política trae consigo una base ideológica, es en la praxis donde se comprueba la coherencia del discurso.
A mi juicio, existen temas indispensables en los cuales se puede distinguir si una política económica y social es abordada bajo criterios de izquierda o de derecha: la posición en cuanto a los impuestos, las fallas de mercado, la eficiencia y regulación estatal, las privatizaciones, la desigualdad en la distribución del ingreso, la liberalización del comercio y de las inversiones.
En relación con los impuestos, existe una máxima para definir si una política fiscal tiene un carácter progresivo, con principios de izquierda, o si es una política de carácter restrictivo, conservadora de derecha: ¿A quién se afecta con una política fiscal, al capital empresarial, a los individuos que tienen un gran patrimonio, o a los pequeños contribuyentes, cuentapropistas y personas con una renta baja o de subsistencia?
Una política fiscal de izquierda se preocupará por proteger el bienestar de aquellos sectores que cuentan con una renta disponible baja, y propondrá una recaudación de impositiva financiada significativamente con impuestos directos, como impuestos al patrimonio, al capital, bajo la premisa de “Que pague más impuestos quien más tiene y quien más gana”, pues se debe tener claro que una estructura tributaria financiada principalmente por impuestos directos, no necesariamente es una estructura progresiva.
Además de ello, se esperaría que el gasto público se vea incrementado como consecuencia de dichas reformas a favor de la progresividad de la estructura tributaria, la supresión de beneficios impositivos al gran capital o subvenciones a la inversión. Por otro lado, políticas de derecha apoyarían acciones que no estuviesen orientadas a afectar el patrimonio, o las ganancias del gran capital, sino a gravar la acción cotidiana de los contribuyentes, a través de impuestos indirectos orientados a las transacciones económicas, como el consumo de bienes y servicios. Incrementos a impuestos como el IVA entrarían dentro de la agenda de políticas económicas cuando se tiene como objetivo incrementar la recaudación, de lo contrario abogarían por reducir la carga tributaria para evitar las distorsiones que los impuestos podrían generar en los sistemas de precios en el mercado, y sus “costos en bienestar social” al reprimir la inversión y disminuir la renta disponible de las personas.
De esa manera, los economistas de derecha reclaman por la intervención del estado en la actividad económica, valiéndose del argumento ideológico de que los mercados se autorregulan para alcanzar asignaciones óptimas de los recursos, y de que la propia intervención del estado en la economía puede generar asignaciones ineficientes de recursos al interrumpir las fuerzas del mercado. Sin embargo, economistas de izquierda considerarían que el mercado posee fallas y que es necesaria la intervención del estado a través de medidas como impuestos, regulaciones de precios, subsidios, entre otras medidas de políticas públicas.
De ese debate de eficiencia-ineficiencia del Estado surge la idea de fomentar la iniciativa privada y disminuir la actividad económica estatal, a través de las privatizaciones. Si bien la oleada más reciente de privatizaciones en El Salvador, por ejemplo, tuvo lugar con la instauración del modelo neoliberal a inicio de la década de los noventas, en la actualidad acechan nuevas modalidades de privatización, que aunque no implica estrictamente la venta de un activo productivo del estado a manos privadas, permite que el capital privado se usufructúe de ese activo por un determinado periodo de tiempo, como es el caso de los Asocios Público-Privados, modelo de gestión que sigue la lógica de una política económica de derecha, donde se reduce el papel del estado a costa del fortalecimiento de la iniciativa privada, sin mayores garantías para los intereses de los trabajadores.
Un punto álgido en el debate de políticas económicas y sociales es siempre el tema de la desigualdad en la distribución del ingreso. La izquierda suele ver con mayor preocupación el problema de la desigualdad del ingreso, y por tanto, se considera un punto de intervención de las políticas públicas, abogaría por un incremento del salario mínimo a niveles que permita equipararlo con el valor de la canasta básica, de disminuir la brecha entre salarios medianos y grandes, se esforzaría por luchar contra la evasión fiscal, por garantizar sistemas de protección social de calidad y con la mayor cobertura posible, a las prestaciones por desempleo, pensiones dignas, e incrementar las partidas presupuestarias de gasto público en educación y salud. Sin duda que la derecha plantearía que el problema de la redistribución del ingreso no es competencia del estado, puesto que alegarían que las diferencias en términos de ingreso son producto de las decisiones individuales que los agentes realizan en torno a inversiones en capital, educación, a las diferencias entre las destrezas y habilidades de los individuos; en ese sentido, las intervenciones gubernamentales deberías ser limitadas a aquellas que no depriman los incentivos de acumulación de la riqueza.
Por último, el papel de las políticas económicas en la economía internacional. Es claro que la globalización como fenómeno se basa principalmente en la globalización económica como eje fundamental que permite que las barreras sociales, culturales y tecnológicas vayan desapareciendo poco a poco. La globalización económica supone que las barreras al comercio y la inversión vayan desapareciendo progresivamente facilitando la libre circulación de bienes, servicios y capitales entre una economía y otra. Sin embargo, la globalización no es un proceso que genere bonanza generalizada, de hecho, es la competencia económica hecha global, sin respetar fronteras, y es por eso por lo que los capitales nacionales de un país en vías de desarrollo se vuelven presas fáciles para capitales extranjeros que pueden introducir bienes y servicios e invertir sin mayor barrera, a partir de políticas como los tratados de libre comercio. Una política pública de izquierda tendría que estar interesada en proteger y fortalecer su pequeña industria, las pequeñas empresas, el agro, las iniciativas de desarrollo sostenible y alternativo. En cambio, una política de derecha en relación con el comercio internacional estaría conflictuada por sus intereses de permitir la libre acumulación de capital o la protección del gran capital nacional; en todo caso, dependería de las posiciones que adopte la clase política en el poder o la clase económica dominante de determinado país. Hay que tener en cuenta que el proteccionismo no es una estrategia exclusiva de la izquierda, sino que su matiz se lo otorga el objetivo de qué debe protegerse según la política económica.
En síntesis, considero que estos son aspectos esenciales que distinguen a grandes y sencillos rasgos la política económica desde la óptica de la izquierda y la derecha. Es importante que partir de lo planteado, los ciudadanos hagan catarsis y analicen la coherencia del discurso político con la práctica, para saber si en la cotidianidad nos hablan de izquierda y se aplican medidas con la derecha, o si tratan de convencernos con un discurso progresista, cuando ideológica y prácticamente los lineamientos conservadores se vuelven determinantes en sus políticas públicas.