Este año por gracia y por suerte tenemos un invierno generoso para la agricultura, quienes estudian las tendencias climáticas son optimistas también para los siguientes años. Sin embargo, la responsabilidad de asegurar una estrategia alimentaria para nutrir cerca de siete millones de personas que aumentan constantemente, más la demanda del crecimiento del mercado global de alimentos que constituye un buen negocio en exportaciones, nos obliga a asumir acciones para apuntalar una estrategia de producción como factor de justicia, equidad, desarrollo y crecimiento económico.
Estamos en la privilegiada zona tórrida del hemisferio, al norte de la línea ecuatorial, caracterizada por un clima templado y altos niveles de humedad; al centro del continente, la providencia nos convirtió en puente de naturaleza y culturas, condición que nos aporta una gran diversidad biológicas.
Nuestro territorio suma más de 21,000 kilómetros cuadrados, el 35 % tiene vocación agrícola y el 12 % potencialidad de riego; tras el telón, una alta y creciente densidad poblacional, siendo la agricultura el principal medio de vida. Este eslabón productivo depende mayoritariamente del ciclo de lluvias, que bonancibles con suerte nos riegan durante seis meses, bajo riesgo de canículas prolongadas o inviernos torrenciales; dejando la otra mitad del año con baja o nula productividad agropecuaria.
Ampliar las capacidades productivas del agro, considerando las severas limitaciones territoriales y la densidad que nos distingue, dependerá siempre de un conjunto de factores que exigen pasar de la producción agrícola extensiva a la intensiva; donde, además de que el agua seguirá siendo la base de la intensificación de las capacidades productivas, se requiere del rescate y protección de suelos, asistencia técnica para mejores prácticas agrícolas, así como cultivos genéticamente apropiados, idóneos y diversos.
En 1963, inició el programa de mejoramiento de tierras agrícolas, surgiendo la Dirección General de Riego y Drenaje, propiciándose la aprobación en 1970 de la Ley de Riego y Avenamiento, que reconoció al recurso hídrico como un bien nacional, declaró de utilidad pública toda obra de riego y drenaje construida con inversión pública, definió el tamaño mínimo y máximo de las parcelas en un distrito -estableciendo el concepto de distrito para la finalidad de riego- y regló el uso racional del recurso hídrico con fines agropecuarios.
Desde ese periodo avanzó la definición de seis grandes áreas potenciales de riego y drenaje con fines agropecuarios en el país, considerando características topográficas y de los afluentes naturales, siendo éstos: las llanuras del Río Grande de Sonsonate y la del entorno sur del Lago de Ilopango; el valle del Bajo Lempa, el del río Grande de San Miguel y de la Laguna de Olomega; el del río Sirama, en La Unión; y el del río Sucio en las comprensiones de San Andrés y Zapotitán.
Entre los años 1970 a 1995, se inició la construcción de tres importantes sistemas de riego: Zapotitán en 1970, Atiocoyo en 1973, y Lempa-Acahuapa en 1987, proyectos millonarios cuyos diseños, construcción y funcionamiento llevaron años, para luego enfrentar el abandono de la agricultura por el cambio de rumbo de políticas económicas durante los periodos de gobierno de Arena. Una buena parte de estas obras quedó en el olvido y en un franco proceso de deterioro.
Este gobierno inició con esperanza el rescate de la agricultura. Una inversión de más de $24 millones -provenientes de cooperación, préstamos y recursos propios- para 18 proyectos de rehabilitación, ampliación y construcción de nuevas zonas de riego, habilitando 16,200 manzanas de regadío. Se destaca El Porvenir, en el departamento de Santa Ana, con una inversión de $5.7 millones, proyectando 622 manzanas de producción, siete pozos activados por energía solar para alimentar una red de más de 10 km de canales de riego que incrementarán en un 45 % la producción de arroz.
Además, otras 212 manzanas de riego en el Bajo Lempa de San Vicente, La Paz y Usulután fueron reactivadas, así como el proyecto Tangolona en Moncagua de 98 manzanas; la Asociación Tamera con 100 manzanas en Chapeltique, Atiocoyo con 930, la ampliación del Proyecto Lempa-Acahuapa a 2,100 manzanas. La rehabilitación de 18 de 22 pozos de Zapotitán para 1,160 manzanas de regadío, 120 manzanas en San Rafael, Zacatecoluca; Atiquizaya con proyección de 70 manzanas de regadío y un proyecto especial para 912 mujeres productoras en 228 manzanas de riego en gestión, que abarcan San Miguel y Usulután, son muestras de una apuesta gubernamental seria. Adicionalmente, la proyección a los 32 municipios del corredor seco con fondos Fantel por cinco millones, para cubrir 4,500 manzanas de riego.
Hace falta mucho por hacer por la agricultura, desde continuar con el plan nacional de reforestación de cuencas, renovación del parque cafetero, mayor aprovechamiento de las aguas lluvias vía retención, hasta convencer a la banca privada para destinar mayores líneas de crédito a tazas accesibles, pero sobre todo encontrar mecanismos para bajar los altos precios de los insumos agrícolas que ahogan a nuestros productores. No obstante, con orgullo podemos afirmar que un El Salvador verde y productivo está en marcha.
