Alrededor de 300 personas se concentraron frente a las instalaciones de la urbanización Acrópoli de la empresa Fénix S.A. de C.V. en protesta por la continuidad de la obra urbanística que está situada sobre el sitio arqueológico Tacuscalco, manifestó Alfonso Ramos, poblador del municipio de Nahulingo, departamento de Sonsonate al occidente del país.
"Esta actividad es para protestar contra la construcción de la urbanización Acrópoli, debido a que la obra vertería las aguas residuales sobre el río Ceniza, afectando la salud de miles de personas y el medio ambiente de la zona", denunció Ramos.
La destrucción provocada por la ilegal implementación del proyecto urbanístico Acrópoli de la empresa Fénix S.A. de C.V., cercana a la inmobiliaria Salazar-Romero, desobedeció las órdenes de paro de obra dictadas por las autoridades ambientales y culturales salvadoreñas, afirmo Edith Morales, representante de la Red Uniendo Manos El Salvador (RUMES).
La presión popular consiguió en abril de 2018 que el Juzgado Ambiental de Santa Ana decretara el paro temporal de la obra. Sin embargo, la empresa ha hecho caso omiso a dichas órdenes.
Por consiguiente, el Movimiento Ciudadano por la Defensa de Tacuscalco hizo un llamado al Estado para que prohíba definitivamente la obra, de lo contrario pondría en riesgo la vida de los ríos Ceniza y Quequesquillo en Nahulingo, advirtió Salvador Recinos, activista de la Mesa por la Sustentabilidad de los Territorios de Sonsonate.
La protesta se desarrolló en el marco de la conmemoración la lucha indígena suscitada en junio de 1524 contra la incursión del ejército español en las tierras de Tacuscalco, que significa “la casa de las lanzas y las flechas” en idioma Nahuat, y donde ahora se libra una batalla invasora de una empresa constructora frente a las comunidades indígenas que defienden las tierras sagradas donde están enterrados las abuelas y abuelos ancestrales.
Las comunidades y organizaciones demandan al gobierno y los respectivos Ministerios de Medio Ambiente y de Cultura que abandonen la postura ambigua sobre el caso, señalen con claridad las ilegalidades cometidas por la empresa en detrimento del patrimonio cultural y natural, actúen según el mandato de las leyes y garanticen: el derecho humano al agua, saneamiento y la salud de la población de Nahulingo, los derechos culturales de los pueblos originarios, los derechos laborales de los trabajadores contratados por la empresa en cuestión y los derechos económicos de los consumidores posiblemente afectados.
