viernes, 21 de enero del 2022

Propuestas fallidas e ilegales con las pandillas

La #TreguaConPandillas fue discutida por la Asamblea Legislativa, por propuesta de ex-fiscal Douglas Melèndez. Pero no tuvo lugar, ya que la CSJ los declarò terroristas,explica Ricardo Sosa

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Ante el repunte de homicidios de la segunda semana de noviembre del 2021 y las denuncias diarias de personas desaparecidas pueden surgir opiniones o propuestas que sugieran, propongan, recomienden, promuevan que se dialogue con las pandillas en El Salvador, es oportuno recordar que en abril del año 2016 se aprobaron reformas en la Asamblea Legislativa que correspondió a diputadas y diputados del periodo 2015 al 2018 quienes cometieron muchos errores, y aprobaciones de leyes y modificaciones de decretos fundamentados en ocurrencias y no en evidencia, potenciaron y trataron de resolver problemas estructurales por medio de leyes, la dimensión que más ha fallado en el país.

Fue la denominada masacre de Opico ocurrida en marzo del 2016 que ubicó al ex fiscal general Douglas Meléndez en aquella escena de once trabajadores asesinados, convirtiéndola en una de las masacres más aberrantes de las pandillas en El Salvador y una de las decisiones que les siguen pasando factura cinco años después. El fiscal Meléndez presentó al mes siguiente de dicha masacre reformas, y como ha sido tradición la comisión de seguridad motivada por la indignación de la población en dos sesiones las autorizó, y aprovecharon para legislar sobre lo que ahora conocemos como “tregua” con las pandillas, es decir nuevos delitos y reformas fueron emitidas. Las reformas al código penal le fueron aceptadas al exfiscal con algunas modificaciones, pero no midieron consecuencias a pesar de diferentes propuestas y recomendaciones, solo quisieron quedar bien con el fiscal y con parte de la población que pedía medidas más duras e incremento de penas.

La principal modificación a la propuesta original fue la penalización de las treguas, acuerdos, negociaciones, pactos o similares con las pandillas, y lo que hicieron fue modificar el delito de asociaciones ilícitas sancionando con prisión de 5 a 15 años, para aquellos o aquellas personas que: por si solos o por medio de otro solicitare, demande, ofrezca, promueva, tolere, negocie, convenga o pacte acuerdos de no persecución criminal o el establecimiento de alguna prerrogativa para dispensar ilegalmente a otro u otros de la aplicación de disposiciones de la ley, u ofrezca beneficios o ventajas a los miembros de agrupaciones.

La pena de cárcel estableció aquella Asamblea Legislativa para intermediarios, negociadores, mediadores, interlocutores u otras semejantes, o a quienes promuevan o participen en las conductas anteriores, todo se combinó con el precedente de agosto del 2015 de la Sala de lo Constitucional de la CSJ declaró a las pandillas como terroristas y consideraron en su resolución que las negociaciones con estos grupos son ilegales. Si alguien quiere insistir, y elogiar lo que es delito y buscar esta vía debe acudir primero a la Asamblea Legislativa a pedir que se deroguen leyes, y modificar artículos, ya que en este momento es ilegal, proponerlo y sugerirlo es violar la ley; y también a la CSJ para que la corte plena modifique su resolución por medio de una resolución de seguimiento modulando los efectos de la sentencia, aclarando los alcances.

Los miembros del crimen organizado son criminales, cuyo único y principal objetivo es el lucro, y para ellos utilizan estructuras como las pandillas para el logro de sus objetivos, no tienen problema en utilizarlos como distractores mientras operan con sus negocios ilícitos transnacionales. No se puede ni se debe negociar con ellos. Su mente es criminal y perversa. Todo diálogo terminará en peticiones y acuerdos.

Las propuestas, sugerencias, recomendaciones e ideas que se puedan desarrollar para buscar una solución integral, no una salida con las pandillas, deben de ser en primer lugar permitidas por la ley, que tengan fundamento técnico criminológico, basadas en evidencia, con políticas públicas de prevención e inversión social extraordinaria, que resuelvan causas estructurales de la violencia, marginación y exclusión, no pueden ser de corto plazo es imposible, deben trascender periodos presidenciales, que sean parte de un plan de nación como pacto del Estado salvadoreño.

El contenido de este artículo no refleja necesariamente la postura de ContraPunto. Es la opinión exclusiva de su autor.

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Ricardo Sosa
Máster en criminología , experto en seguridad pública, nacional y ciudadana. Columnista y analista de ContraPunto
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