La Mesa Permanente de Derechos Humanos y Ambientales llevó a cabo un foro sobre “Derechos Humanos y Medio Ambiente: Proyecciones Legislativas 2018-2021”, el cual tenía como objetivo conocer por parte de los candidatos a diputados de la Asamblea Legislativa sus proyecciones, plataformas y propuestas para mejorar la situación del derecho al Medio Ambiente en El Salvador, explicó Milagro Guevara, procuradora adjunta de Medio Ambiente de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
“Necesitamos saber que estas propuestas de leyes ambientales sean concretas para la protección ambiental y defensa de los derechos humanos, que deben materializarse en la nueva conformación de la Asamblea Legislativa, como es el caso de la Ley General de Aguas, la Ley contra los Agrotóxicos que tienen 10 años de estar planteadas en muchas plataformas legislativas, pero nunca se concretiza su respectiva aprobación”, explico Guevara.
Sin embargo, solo los candidatos de los partidos minoritarios e independientes se hicieron presente al foro, mientras que la mayoría de candidatos a diputados de los partidos de derecha e izquierda no participaron, aspecto que debe tomarse en cuenta a la hora de votar, manifestó Doris Evangelista, activista de la Red Uniendo Manos El Salvador (RUMES).
“Estamos para denunciar a los diputados y diputadas que no han dado sus votos y respaldo a las aprobaciones de leyes que favorezcan al pueblo salvadoreño, como son las propuestas de Ley de Soberanía Alimentaria, Ley General de Aguas y Ley de Prohibición de los Agrotóxicos en la agricultura salvadoreña. Son temas relevantes, y como organizaciones sociales estamos levantando una campaña para que la población haga conciencia y vote con la cabeza y no con el corazón, porque estos diputados no merecen reelección”, acotó Evangelista.
Por cuarta vez consecutiva las propuestas ambientales están ausentes en las plataformas legislativas y municipales de la mayoría de los partidos políticos salvadoreños, como una clara muestra del poco interés en resolver los problemas socio ambientales del país y los intereses económicos prevalecen ante el bienestar de la población, manifestó Rodolfo Calles representante de la Asociación para el Desarrollo de El Salvador (CRIPDES).
“No se ha avanzado en la discusión de una Ley General de Aguas porque hay intereses grandes de la empresa privada en la administración del bien hídrico. Eso no está dejando avanzar la discusión. Esto no le beneficia a la población, por eso las organizaciones sociales estamos insistiendo que la administración del agua debe estar en manos del Estado”, aseguró Calles.
En 4 legislaturas se han aprobado leyes nefastas contra la población como fueron el Tratado de Libre Comercio, la dolarización, la Ley de Asocio Públicos Privados, la privatización de la telefonía y le energía eléctrica, entre muchas más. En comparación con la única ley ambiental aprobada contra la minería metálica, la cual fue aprobada por presión social por más 12 años de lucha y no por voluntad política de los legisladores.