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domingo, 25 de julio del 2021

Preocupación por condena de diputado ecuatoriano

Preocupa a la Unión Interparlamentaria la condena en Ecuador de un diputado por difamar al Presidente Correa

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La Unión Interparlamentaria, que nuclea a todos los parlamentos del mundo, se manifestó “profundamente preocupada” ante la condena del diputado José Cléver Jiménez, por difamación al Presidente Rafael Correa, debido a  “declaraciones” que significarí­an “un ejercicio legitimo de la libertad de expresión”, indica un dictamen adoptado hoy en Ginebra sin votación en la plenaria de la Asamblea Anual de la UIP, a la que no asistió Ecuador.

La resolución subraya que “los actos de represalias cometidos contra parlamentarios que han expresado una opinión en el marco de su misión de control comprometiendo su capacidad de ejercer su mandato, tienen un efecto disuasivo sobre los otros parlamentarios y perjudican el ejercicio por la institución parlamentaria de sus funciones”.

El documento recuerda que en 2011 el diputado Cléver Jiménez, el periodista Fernando Alcibí­ades Villavicencio y el sindicalista Carlos Eduardo Figueroa presentaron una querella contra el Presidente Correa por “crí­menes contra la humanidad” y otros delitos, al haber “dado la orden de abrir fuego durante su evacuación” cuando hiciera frente a una protesta policial en septiembre de 2010, designándolo “responsable de lo que pasó ese dí­a”.

La UIP agrega que la Corte Nacional de Justicia consideró que la querella era “malévola y fantasiosa”. A continuación el Presidente Correa desencadenó “una acción penal” contra sus acusadores.  Dos de ellos, Jiménez y Villavicencio, fueron condenados en 2013 a un año y medio de cárcel y multados, sentencia confirmada en casación, pero en 2015 la ejecución de la pena fue prescripta.

Jiménez afirma que las persecuciones sufridas son “de naturaleza polí­tica y que están vinculadas a actos de corrupción que él denunció en el marco de sus actividades de control y a sus crí­ticas hacia el Presidente”; y añade que “actualmente es objeto de acusaciones de espionaje, de divulgación de informaciones confidenciales y de tentativa de golpe de Estado”, relacionadas con “las infracciones” por las cuales ya fue juzgado en 2013, siempre según la UIP.

 "Que las preocupaciones e interrogaciones concernientes el Sr. Jiménez sean tratadas”, exhorta la UIP al parlamento unicameral de Ecuador. En el petitorio de su querella Jiménez solicita que “su cargo de asambleí­sta” le sea restituido, y reclama garantí­as “de la plena vigencia del derecho al honor y (su) buen nombre. Luego de este tiempo de hostigamiento, acoso, desgaste psicológico y polí­tico”, y hace valer “sus derechos humanos como legislador y ciudadano ecuatoriano”. 

Jiménez lanzó un “llamado de atención ante la constante injerencia de la Función Ejecutiva en la labor de la Asamblea Nacional del Ecuador”, y pide asimismo garantí­as para “que las opiniones de los parlamentarios sean inviolables y debidamente respetadas, conforme a las normas de un verdadero Estado de Derecho y a los principios y normas internacionales”.

Profundizando, Jiménez le plantea al parlamento de su paí­s “tomar las medidas necesarias para garantizar el libre ejercicio de la libertad de opinión y expresión” de los parlamentarios, “sin importar su tinte ideológico o pertenencia a diferentes organizaciones polí­ticas”, respetando “la inviolabilidad de sus opiniones”, sin que “ninguna autoridad” pueda “exigir responsabilidad” por lo que votan u opinan los parlamentarios “en el cumplimiento de su función”. 

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Juan Gasparini
Corresponsal de ContraPunto en Suiza - ONU-DDHH, escritor y experto en Derechos Humanos. Ex preso político de la dictadura en Argentina
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