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miércoles, 12 de mayo del 2021

Premian a Sala de lo Cnal. por sentencias sobre desplazados por violencia

En 2017 la Sala de lo Constitucional reconoció oficialmente "el fenómeno de desplazamiento forzado de personas por causa de la violencia"

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La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), junto a otras organizaciones que velan por el respeto a los derechos de migrantes y refugiados en Latinoamérica, entregaron el Premio Regional de Sentencias Acceso a la Justicia de Personas Migrantes o Sujetas de Protección Internacional a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador “por la sentencia 411-2017, la cual resguardó el derecho a la protección jurisdiccional y no jurisdiccional a la protección de la familia, a la propiedad, a la seguridad y a las libertades de circulación y de residencia”.

En dicho amparo, la Sala de lo Constitucional reconoció oficialmente “el fenómeno de desplazamiento forzado de personas que tiene origen en el contexto de violencia e inseguridad que afecta gravemente a colectivos vulnerables de distintas zonas geográficas del paí­s controladas por las pandillas y en las afectaciones sistemáticas a derechos fundamentales como la vida, la integridad fí­sica, la libertad y la propiedad, entre otros, causadas por la criminalidad organizada, principalmente por los referidos grupos delictivos, lo cual constituye un estado de cosas inconstitucionales”, como reza el documento.

La decisión de la Sala también obligó al Estado salvadoreño a reconocer el problema y crear mecanismos de atención, prevención y combate del fenómeno, hasta entonces invisibilizado a nivel institucional.

Según la fundación de derechos humanos Cristosal, entre enero de 2016 y marzo de 2018, se contabilizaron 675 menores de edad que huyeron de sus hogares por motivos de violencia social. Además, 12,221 menores de edad abandonaron la escuela por supuestas amenazas contra sus familias.

Además, el informe señala que el 96% de los menores huyó de las pandillas (MS-13/Barrio 18), también de la Policí­a Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada.

Por su parte, la Dirección General de Migración y Extranjerí­a (DGME) contabilizó entre 2016 y 2017, un total de 4,762 menores de edad deportados; entre estos, el 30.4% huyó por la inseguridad, el 35.9% lo hizo por temas económicos, y 32.4% buscaba la reunificación familiar.

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