Abundante prueba presentada por los defensores del expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, fue rechazada por Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador.
Reyes es procesado junto a su familia, por el delito de familiar por enriquecimiento ilícito por más de $472,000.
Según la postura de los magistrados, la documentación fue catalogada de impertinente y de falta de utilidad en el proceso civil. Mientras tanto, algunas pruebas no se ofrecieron en el momento oportuno del proceso.
Algunas de las pruebas que no le fueron admitidas a la defensa tienen que ver con resoluciones patrimoniales de la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia de otros exfuncionarios exonerados de cargos por enriquecimiento ilícito y que, a juicio de los abogados, guardan similitud en el proceso de enriquecimiento ilícito que se sigue a Reyes y su grupo familiar.
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También le fue denegada la declaración sobre el Impuesto Sobre la Renta de su hijo Luis Damián Reyes para el periodo 2013, por no haber sido incorporado en el transcurso del proceso; de igual forma reportes de cheques del contador general del FMLN, el segundo informe del 5 de enero de 2018 respecto a cheques que se identifican, copia certificada del contrato de mutuo hipotecario, copia certificada del secretario de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa.
Una de las pruebas admitida a la defensa fue la pericia de auditoría realizada por un equipo de profesionales independiente por reunir todos los requisitos de idoneidad, utilidad y pertinencia, establecieron los jueces.
Sin embargo, la Cámara rechazó todas las adiciones, modificaciones o impugnaciones vertidas durante la audiencia por no guardar congruencia con lo establecido en el escrito de contestación de la demanda.
Los abogados de Reyes aseguraron que en ese informe se estableció la inexistencia de enriquecimiento ilícito del exfuncionario y su familia, y que todos los pagos de viáticos que recibió por parte de la Asamblea Legislativa estuvieron apegados a la ley, “constituyendo un avance importante para el esclarecimiento de los hechos”.
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En cuanto a la Fiscalía, la Cámara admitió toda la prueba ofertada. “Se admite todos los medios de prueba instrumental y pericial ofertados por la parte demandante (Fiscalía) por reunir todos los requisitos de idoneidad, utilidad y pertinencia”, afirman los magistrados en su resolución.
Los magistrados de la Cámara Segunda de lo Civil dejaron claro que a Fiscalía todavía le queda pendiente de presentar la certificación de escritura de constitución de la Sociedad Terrenos e Inversiones, (TERREIN, SA de C.V.) y en tal requisito, los magistrados advierten que, si dicha prueba no se incorpora al proceso de forma oportuna, deberá prescindirse de ella en la fase final del juicio.
Los jueces aclaran que la admisión de los medios probatorios, tanto a Fiscalía como a la defensa, no implica el resultado del proceso, porque este será el resultado del análisis y la sana crítica en conjunto de todas las pruebas aportadas al mismo por ambas partes para ser valoradas y emitir una sentencia.
Para que Fiscalía cumpla con la prueba pericial ofertada y admitida por el tribunal, la Cámara envió oficios a la Corte de Cuentas y al Ministerio de Hacienda para que en 10 días hábiles proporcione un listado de peritos con las credenciales suficientes para realizar el peritaje contable ofertado por la parte fiscal.
La audiencia preparatoria quedó programada para el 4 y 5 de febrero del año entrante, al que además del expresidente será procesado su esposa Susi Melba Guadalupe Rodríguez Hernández y Luis Damián Reyes Rodríguez “por lo que quedan debidamente citado por sus abogados”.
ONU pide a El Salvador no usar las cortes como arma política
El relator especial de la ONU sobre la independencia de los jueces y abogados, Diego García-Sayán, pidió al gobierno de El Salvador que debe dejar de utilizar los tribunales para atacar a los políticos de la oposición y no debe socavar las decisiones de los tribunales.
"El poder ejecutivo debe respetar la independencia del poder judicial y abstenerse de socavar su autoridad. Las decisiones judiciales deben ser acatadas, no interpretadas por otros poderes del gobierno", dijo. "Los tribunales tampoco deben desacreditarse a los ojos del público utilizándolos como un arma para atacar a los miembros de los partidos políticos de la oposición", dijo.
El experto intervino tras un largo conflicto entre los dos poderes del Estado, intensificado por los tweets del presidente de la República, Nayib Bukele, que intentaban presionar al poder judicial para acelerar los juicios contra las figuras de la oposición.
"Me preocupa especialmente el acoso judicial contra Sigfrido Reyes y su familia", dijo García-Sayán. Reyes es miembro fundador del partido de oposición Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y fue presidente de la Asamblea Legislativa de 2011 a 2015.
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La Corte Suprema de Justicia ordenó al Fiscal General que abriera un juicio contra Reyes en julio de 2019, a pesar de que la Sección de Probidad de la misma Corte informó que no había pruebas de enriquecimiento ilícito por parte de Reyes y su familia. Para escapar de esta persecución política, Reyes buscó protección en México, que le concedió asilo.
"Estos procedimientos judiciales no tienen ningún fundamento jurídico; parecen formar parte de una estrategia sistemática de persecución de los opositores políticos a través de investigaciones y causas penales que tienen por objeto intimidar, desacreditar y aniquilar políticamente a los partidos políticos de la oposición y sus dirigentes", dijeron los expertos. "Esto es completamente inaceptable en una democracia".
Usando su cuenta de Twitter, Bukele supuestamente jugó un papel importante en el juicio de Reyes y personas cercanas a él.
"El uso de los tribunales como instrumento de acoso político no tiene lugar en la democracia de El Salvador", dijo el experto. "La independencia del poder judicial está consagrada en la Constitución y en la ley del país, y es deber de todas las instituciones del Estado, incluido el presidente, respetar y observar la independencia de los tribunales nacionales", dijo.
No se trata de un episodio aislado. En los últimos meses parece haberse producido una serie de violaciones de la independencia judicial como consecuencia de declaraciones hechas en la prensa o en los medios de comunicación social por miembros del poder ejecutivo, en particular el presidente Bukele.
En septiembre pasado, el presidente exhortó a las autoridades fronterizas a que hicieran caso omiso de una decisión de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que declaró inconstitucional una decisión del poder ejecutivo. Dicha decisión ejecutiva había denegado la entrada a El Salvador a los nacionales y extranjeros con derecho de residencia a menos que presentaran una prueba COVID realizada en las 72 horas anteriores.
El mandatario había atacado previamente a los jueces de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia por otro fallo, calificando a los jueces de "hipócritas y malos abogados".
