El presidente recién electo, Nayib Bukele, se pronunció este viernes ante la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la cual impide que se lleven a cabo investigaciones sobre delitos de corrupción cometidos por exfuncionarios que hayan dejado su cargo hace más de una década.
“La Corte Suprema de Justicia vuelve a dar otro duro golpe en favor de la impunidad y la corrupción en nuestro país. Una razón más por la que urge una CICIES”, escribió Bukele en sus cuentas de redes sociales.
El caso
Según la resolución de los magistrados filtrada por el periódico digital El Faro, los casos de funcionarios que dejaron el cargo hace más de 10 años serán archivados, sin importar la etapa en la etapa del proceso en que estos se encuentren.
“Los señores magistrados en relación al punto de prescripción señalan que hay consensos en que la sección de Probidad debe realizar la investigación de patrimonio de empleados y funcionarios públicos que no hayan transcurrido diez años después del cese en el cargo”, se lee en el documento de la sesión de corte plena del Órgano Judicial firmada el pasado 31 de enero.
Tras una larga jornada de deliberación, el escrito fue sometido a votación y recibió luz verde de 11 magistrados, los cuales son: Óscar Armando Pineda Navas (presidente de la CSJ), Óscar López Jerez, Sergio Rivera Márquez, Ovidio Bonilla, Dafne Sánchez, Elsy Dueñas, Roberto Argueta Manzano, Carlos Sánchez Escobar, Aldo Cáder Camilot, Marina Marenco de Torrento y Roberto Calderón (Calderón, Aldo Cáder y Marenco de Torrento resultaron electos unánimemente por la Asamblea Legislativa el pasado 20 de noviembre).
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Uno de los casos más emblemáticos, cuyo proceso se vería afectado tras la decisión de la Sala, es el de la exvicepresidenta de la República, Ana Vilma de Escobar, quien es señalada por haber malversado $17 millones de dólares durante su administración como directora del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), bajo la administración del expresidente, Elías Antonio Saca.
De hecho, el magistrado Aldo Cáder, uno de los que dio su voto a favor del documento, reveló en una entrevista que el caso de la exfuncionaria había sido trasladado a la corte plena, debido a que está próximo a prescribir.
Además del caso contra la exfuncionaria también la Sala recibió el proceso relacionado al empresario René Figueroa, que fungió como ministro de seguridad entre los años 2007 y 2009, durante la gestión de Saca.
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Figueroa fundó junto a Saca la empresa Radio Difusión de El Salvador, la cual ha sido señalada por la Fiscalía como parte de la estructura de lavado de dinero del caso “Destape a la Corrupción, una red de corrupción que el exmandatario creó para sustraer $301 millón de dólares de fondos públicos y que lo llevó a ser condenado en septiembre del año pasado a 10 años de prisión.
“Los primeros que han subido al conocimiento de Corte Plena por el tema de prescripción son: El caso de Ana Vilma de Escobar, y el caso del señor Rene Figueroa que están próximos a prescribir”, dijo Cáder en medio de una entrevista televisiva.
