La empresa multinacional, HSBC, presentará una demanda internacional en contra El Salvador ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), por un proceso judicial que la institución bancaria tiene con la empresa Ingeniero José Antonio Salaverría y Compañía (IJASAL), en la que el banco afirma que han encontrado “demoras inusuales e irrazonables” por parte de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Estos presuntos retrasos, provocó que la internacional tomara acciones el 17 de diciembre de 2020, por medio del bufete internacional Linklaters esto al notificar a la Presidencia de la República, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la República notificando que se alista a iniciar un proceso legal si su demanda no es resuelta en un periodo de tres meses.
“Vamos a proceder en contra del Gobierno de El Salvador por la falta de Estado de Derecho, aplicación de justicia”, indica el escrito de la empresa de origen inglés.
La demanda implica la resolución de una solicitud de amparo contra el fallo que dio la Sala de lo Civil en julio de 2019 ordenando al Banco Davivienda (que antes de 2012 era banco HSBC) a pagar 49 millones 314 mil 303 dólares con 55 centavos a José Antonio Salaverría en concepto de "daño emergente y lucro cesante" por un juicio iniciado en 2009.
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En la notificación, el banco recuerda a las autoridades que en 1999 el país suscribió un Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones con el Gobierno de Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, abreviado con las siglas APPRI UK-El Salvador.
“El Salvador asumió explícitamente la obligación internacional de acordar un tratamiento justo y equitativo en su territorio a inversores del Reino Unido, incluyendo la obligación de protegerlos contra todo trato arbitrario y discriminatorio”, refiere el documento.
En el documento agregaron que “La conducta de ciertas cortes de El Salvador en este asunto, incluyendo su máxima autoridad judicial, configura una denegación de justicia a HLAH y constituye un tratamiento inequitativo, injusto, arbitrario y discriminatorio por parte de El Salvador. La violación de estas obligaciones internacionales significa que El Salvador deberá resarcir a HLAH con fondos públicos por las pérdidas causadas como resultado de su conducta”.
En la carta el Banco le notifica a las autoridades sobre esta controversia y les avisa que si no es resuelta en un plazo de tres meses desde la fecha de la emisión de la carta, el banco iniciará un proceso ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) “sin aviso ulterior”.
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“HLAH espera que la Cámara Constitucional de la Corte Suprema resuelva pronto el recurso que tiene pendiente ante sí relacionado con la controversia de forma tal que no sea necesario recurrir al CIADI. Si la controversia no es resuelta satisfactoriamente, HLAH iniciará el arbitraje correspondiente”, advierte.
Según un resumen cronológico hecho por el banco, HSBC celebró en julio de 2007 un contrato de préstamo a la empresa Ingeniero José Antonio Salaverría y Compañía, de Capital Variable. El préstamo era de $2.1 millones.
En junio y octubre de 2008 HSBC El Salvador demandó judicialmente a IJASAL para cobrar la deuda pendiente.
Pero posteriormente IJASAL demandó judicialmente a HSBC alegando que el procedimiento judicial era violatorio de un nuevo convenio. Con ello solitó que HSBC fuera condenado a pagar la suma de $22.7 millones en concepto de daños y prejuicios.
El proceso llegó hasta la Sala de lo Civil que falló a favor de IJASAL ordenando pagar $49.3 millones.
Según el resumen de su denuncia, en el proceso seguido en el Juzgado Primero de lo Mercantil, HSBC no tuvo derecho de participar en la absolución de posiciones.
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El banco señala que en vista de las considera violaciones a sus derechos fundamentales, presentó un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional para solicitar que se revirtiera lo resuelto por la Sala de lo Civil.
“La Sala demora entre cuatro y ocho meses para decidir sobre la adminisibilidad de estos recursos”, expone el bufete jurídico que empero, la Sala ya tiene una demora de 17 meses sin pronunciarse sobre la admisibilidad del amparo.
Y por otro lado, el proceso de ejecución ha caminado con mucha celeridad. “El Juzgado Primero de lo Mercantil, responsable de la ejecución, emitió un acta de embargo en tan solo dos meses”, señala.
La Sala de lo Constitucional aún no informa si ya admitió el proceso que la entidad financiera internacional alega que se ha detenido.
