La ministra de Trabajo, Sandra Guevara, informó que la cartera que preside prepara un “pacto sectorial” de la mano con una institución de cooperación internacional para dar respuesta a los posibles impactos colaterales tras las medidas migratorias adoptadas por Donald Trump. El pacto buscaría apoyar directamente a las personas retornadas a generar oportunidades para su inserción.
La funcionaria explicó que el presidente Salvador Sánchez Cerén ha mandatado a los titulares de diversas entidades trabajar de manera articulada y conjunta en un plan para reaccionar ante el impacto de las políticas adoptadas en el país norteamericano.
Guevara apuntaló que desde el Ministerio de Trabajo (MITRAB) ya existen algunos programas para que las personas retornadas puedan insertarse, retomar estudios, desarrollar capacidades y emprender negocios, oportunidades para acceso a préstamos entre otras medidas.
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Añadió que el país será respetuoso con la política estadounidense, pero advirtió: “estaremos prestos a demandar cualquier violación a los derechos humanos que se le haga a cada uno y una de los compatriotas en los Estados Unidos”.
Por su parte, el canciller Hugo Martínez realizará un viaje para reunirse con funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos los días ocho y nueve de febrero próximo, con la misión de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos y migratorios de los compatriotas en los Estados Unidos.
Foto: Agencias Internacionales
“Estados Unidos es un país de leyes y las personas no pueden hacer absolutamente lo que les dé la gana, porque tienen que respetar las leyes y tienen que respetar a los otros Órganos de Gobierno en Estados Unidos”, dijo recientemente Martínez. Advirtió que si las autoridades de Estados Unidos violan los derechos de los compatriotas, tendrán que responder ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Desde noviembre del año pasado la cancillería comenzó a trabajar en un plan de y luego de la victoria de Donald Trump, el Canciller Martínez aseguró que no cesan el trabajó de alcanzar una nueva y definitiva solución migratoria integral.
En septiembre pasado, el presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, junto con los mandatarios de Honduras, Juan Orlando Hernández, y de Guatemala, Jimmy Morales, se reunieron en Washington D.C. con el vicepresidente Biden, como parte de la agenda para abordar los avances del Plan de la Alianza para la Prosperidad.
El Congreso aprobó el desembolso de $750 millones para financiar programas de seguridad regional, combate a la narcoactividad e iniciativas productivas contenidas en este plan. Ahora con la llegada de Donald Trump, este y otros aportes de país norteamericano se ven rodeados por la incertidumbre de las decisiones que el ahora presidente pueda adoptar.
