En medicina, a principios de los 90, se desarrolló la llamada “Medicina Basada en la Evidencia”, elaborada para evitar las posiciones individuales derivadas de experiencias personales y la influencia de elementos externos que pudieran estar interesados en determinadas pautas diagnósticas o terapéuticas, situación que llevaba a una serie de decisiones sin ningún fundamento científico. Algo así habría que introducir en la política para impedir la falta de rigor. La premisa de la Política Basada en Evidencia es que: partir de los datos disponibles y el análisis racional sistemático se producen mejores resultados, pues uno se obliga a tomar decisiones, en base a una metodología rigurosa, lo cual permite optimizar el uso de los recursos y tomando en cuenta una relación costo-beneficio, decidir la opción más eficiente entre distintas alternativas y también contribuye a empoderar a los ciudadanos que, al contar con información adecuada, podrán comprender y discutir sobre temas de interés nacional, tomando en cuenta los criterios que están detrás de las decisiones.
El papel que juegan los datos en el diseño de políticas públicas es clave: Antes, las políticas se basaban en intuiciones: “alguien quería mejorar la educación infantil y pensaba que abrir más escuelas o contratar a más profesores iba a ayudar a mejorarla, lo hacía y eso era todo”. Ahora, en cambio, nadie toma en serio una propuesta política si no va acompañada de un exhaustivo análisis empírico con el que se exponga cómo y por qué va a funcionar.
Las políticas basadas en evidencia son una herramienta poderosa y pueden lograr impactos de gran magnitud sobre los resultados socioeconómicos en el país. Una política basada en evidencia es una herramienta que ayuda a formular políticas bien informadas. Cuando se diseña una política pública, se debe considerar que cualquier elección tiene un costo de oportunidad y que probablemente implique no poder invertir en otras políticas sociales. Por ello, al dar curso a una política determinada, esta debe estar respaldada y fundamentada a través de información objetiva (válida y confiable), de modo que los tomadores de decisiones puedan escoger la mejor opción.
A diferencia de lo que se puede pensar, la ciencia y la política no son actividades independientes de la dinámica social y están inmersas en ella. La ciencia no es una actividad desligada de la actividad social. Por el contrario, es producto de ella (Henao, 2010). Lo anterior implica también, que el diseño de las políticas públicas debe considerar aspectos tales como la negociación, la discusión y el debate en torno a posiciones contrapuestas.
Basarse puramente en aspectos técnicos en la elaboración de políticas públicas es incompleto no se deben ignorar los pasos críticos del proceso de negociación, aprobación y aplicación de las políticas, procesos propios del mundo de la política. Ignorar estos aspectos puede conducir, como en efecto ha sucedido, a políticas públicas infértiles e inadecuadas.
En medio de la crisis en que vivimos mejorar el desempeño del gobierno en la conducción de los asuntos públicos, es un imperativo: la toma de decisiones informada puede contribuir a salvar vidas. Es necesario cometer el menor número de errores posible.
¿Cuánto de academia necesita la política? La respuesta es mucho. Las Universidades con sus propuestas, sin duda, son promotoras del desarrollo económico-social. En cuidados intensivos están la salud, la economía, la educación la participación de la ciudadanía será un factor clave para que se estabilicen.
