Más de cuatro meses han pasado desde la captura de cuatro, de los 16 exmilitares, que están siendo solicitados por España por su supuesta participación en la masacre de los sacerdotes Jesuitas en 1989, aumenta la polémica sobre si la Corte Suprema de Justicia (CSJ) permitirá la extradición o no.
Mientras la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) piden a la CSJ que se pronuncia a favor de la extradición para que este caso en la impunidad, la Fiscalía General de la República (FGR), según la publicación de un medio impreso, le aconsejó a los Magistrado no proceder con la extradición.
De igual forma el diputado por el partido GANA, Guillermo Gallegos, expresó vía tuiter su posición en contra de la extradición de los exmilitares. Asimismo tres exministros de la Defensa Nacional coincidieron, este jueves, en que los exmilitares capturados deben quedar en libertad y que el caso “debe cerrarse de una vez”.
El general y exministro de la Defensa de 1993 a 1995, Humberto Corado Figueroa, señaló que ellos desean “que esto termine de una vez (caso Jesuitas) además, España no tiene la razón, el derecho nos asiste", las declaraciones fueron brindadas en una entrevista televisiva esta mañana.
Por su parte el general Otto Romero indicó que ellos no apoyan “que la muerte de los Jesuitas sea correcta, pero apoyamos el estado de derecho y creemos que la guerra no debió ser". Y señaló que es necesario que la población conozca bien el caso Jesuitas y “que no les vengan con cuentos de Robín Hood".
Mientras que el general Jaime Guzmán dijo que el caso ha tomado auge por la agenda de diversas organizaciones internacionales que velan por los derechos humanos.
“Tenemos una entidad internacional que durante la guerra fría nació y se ha convertido en una lacra para los organizamos internacionales que defienden el estado de derecho, porque se quedaron con una cantidad de poder y han mutado a lo que nosotros podemos llamar mercenarios jurídicos (“¦) van por el mundo viendo conflictos y se dedican a hacer acopios y hacer capital político y económico a costa de ensañarse en actividades que no proceden”, agregó Guzmán.
De igual forma aseguran que una de las razones por las que no pueden ser extraditados es por el artículo 28 de la Constitución de la República y aseguran que no puede aplicarse de manera retroactiva a hechos ocurridos en 1989.
Los tres exministros de la Defensa coincidieron en que si la resolución es a favor de la extradición se estaría violentado la independencia jurídica que existe en El Salvador.
Señalaron que si bien el crimen contra los seis sacerdotes Jesuitas fue “un caso atroz, horrendo y que no se debió haber dado”, esto ya fue juzgado en 1992 y que no puede existir un doble juzgamiento y aclararon que el acto no fue fraudulento; esto en alusión a que la Audiencia Nacional Española, que desde el 2011 está pidiendo la extradición de los exmilitares, calificó ese juicio como un fraude, al igual que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en El Salvador (PDDH).
Esa misma razón de doble juzgamiento, es la que, según una publicación de El Faro, prima en el borrador de resolución que tienen en sus manos los magistrados de la CSJ. Según la nota periodística, la mayoría de magistrados estarían decantados por denegar la extradición de los militares retirados. Misma situación que pasó en 2012.
Ese año la Corte determinó que no procedía la extradición de los exmilitares. Un año antes también la CSJ había rechazada la detención con difusión roja girada por Interpol contra los militares retirados a petición del juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional Española.
Se espera que este jueves los magistrados definan la suerte de los exmilitares Guillermo Alfredo Benavides Moreno, Antonio Ramiro Ávalos Vargas, Ángel Pérez Vásquez y Tomás Zarpate Castillo.
