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jueves, 05 de agosto del 2021

¿Podrí­a Saca quedarse sin frecuencias de radio?

El proceso de "extinción de dominio" es paralelo a la investigación judicial y no depende de si hay o no una condena en un proceso penal

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Las frecuencias de radio del expresidente Elí­as Antonio Saca podrí­an ser incautadas por el Estado por medio de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) al aplicar la Ley de Extinción de Dominio, por estar vinculadas a una trama de corrupción y por presentar incrementos injustificados en sus patrimonios, según han denunciado miembros de la Red por el Derecho a la Comunicación (RedCo).

El 3 de marzo pasado, la ReDCo presentó un aviso ante la Unidad Especial de Dominio de la Fiscalí­a General de la República (FGR) para solicitar se aplique dicha ley sobre dos frecuencias adquiridas por Saca entre 2010 y 2012, posterior a concluir su quinquenio presidencial. Según la entidad estas podrí­an haber sido adquiridas con dinero producto de actos de corrupción que incriminan al exmandatario.

Las frecuencias señaladas son la 102.9 FM de cobertura nacional y la 105.3, una frecuencia del departamento de Sonsonate, ambas adquiridas por Saca a un costo de $500 mil y $50 mil respectivamente.

De acuerdo con el artí­culo 5 de la Ley de Extinción de Dominio, se aplicará la extinción en todas aquellas actividades ilí­citas que generen beneficio económico u otro beneficio de orden material, así­ como implicadas en actos de corrupción; es aplicable además a bienes que constituyan un incremento patrimonial no justificado cuando existan indicios razonables que provienen de actividades ilí­citas.

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Es decir, la ley plantea que debe aplicarse la extinción de dominio a los bienes utilizados en el cometimiento de algún delito o por incrementos injustificados en el patrimonio.

“En ambos caso aplican las concesiones del expresidente Saca (“¦) Esas frecuencias pudieron haber sido adquiridas con dinero mal habido que el expresidente obtuvo en esa trama de corrupción que la Fiscalí­a está investigando”, expresa Leonel Herrera, miembro de la RedCo.

El aviso se basa además en el incremento exponencial e injustificado de varias de las empresas de Saca que también, según investigaciones fiscales y periodí­sticas, están implicadas en la triangulación usada presuntamente por Saca para desviar fondos del Tesoro Público.

“Aplica además por el lado de los incrementos injustificados del patrimonio. Durante el quinquenio Saca, estas empresas incrementaron exponencialmente sus ganancias. Investigaciones periodí­sticas aseguraron con anterioridad que las empresas de Saca incrementaron 1,600 % su patrimonio”, dice Herrera, quien reitera que existe doble motivo para aplicar la ley.

Sin embargo, la RedCo no descarta que de todas las frecuencias concesionadas a Saca, 18 en total, también sean sancionadas con la aplicación de dicha ley.

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De extinguirse el dominio de las frecuencias, habrí­a dos escenarios. El primero, las empresas concesionarias donde hayan más accionistas que no estén involucrados en este proceso puedan solicitar al Consejo Nacional de Administraciones de Bienes (CONAB) que mantengan la concesión hasta que venza y que les permita seguir operando para no afectar derechos adquiridos de los accionistas ni vulnerar el derecho al trabajo de los empleados de estas empresas.

El segundo escenario serí­a, que “la SIGET, en vista de acercarse el proceso de renovación de las concesiones, determine que la concesión a las empresas de Saca no se va a prorrogar y que la somete a concurso público para que haya nuevos competidores”, explica Oscar Campos, abogado y miembro de la RedCo.

“La SIGET debe recuperarlas y someterlas a nuevos procesos de asignación a nuevos operadores ya sea privados, públicos, comunitarios. Consideramos que deben enfatizarse en los comunitarios y públicos pues creemos que son los dos sectores que en este momento tienen menos espacios en el espectro radiofónico”, concluye Leonel Herrera.

El proceso es de extinción de dominio es paralelo a la investigación judicial y no depende de si hay o no una condena en un proceso penal.

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Mario Beltrán
Periodista sección PolÃítica en ContraPunto. Graduado de Comunicaciones en Universidad Cristiana de las Asambleas de Dios.
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